El Frente Ciudadano Contra la Corrupción de Guatemala calificó hoy de “señal desalentadora” la reforma al delito de financiación electoral ilícita realizada por el Congreso, que blindó a los secretarios generales de los partidos políticos.
La organización lamentó que los congresistas actuaran “en un claro conflicto de interés” ya que “muchos votaron en su propio beneficio, el de sus partidos o de terceros”, lo cual, recordó, está “prohibido en la Ley de Probidad”.
El @fccc_gt informa que “rechaza las actuaciones que debilitan la lucha contra la corrupción”. Además, agregan que “harán lo que esté en sus manos para defender los avances logrados”. pic.twitter.com/Nzh5NJtUbL
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 23, 2018
Frente anticorrupción: “Se perdió una nueva oportunidad de actuar de forma transparente”
Con la modificación al artículo 407 N y la creación del artículo 407 O del Código Penal “se perdió una nueva oportunidad de actuar de forma transparente, respetando los consensos legales y sociales, y no en función de intereses personales y particulares”.
La reforma al artículo 407 N retiró de la redacción la figura de secretario general y estableció que serán sancionados las personas “individuales o jurídicas” que aporten, reciban o autoricen recursos para financiar partidos en “actividades permanentes, de campañas y eventos electorales”, “a sabiendas que dichos aportes provienen del crimen organizado, lavado de dinero” o cualquier delito.
Por su parte, el 407 O dispone que “quien consienta o reciba aportaciones, con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de 20.000 a 100.000 quetzales (2.597 a 12.987 dólares)”.
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Sector empresarial “ve positiva la medida”
Mientras el pasado jueves el sector empresarial organizado vio “positiva” la medida dispuesta por 89 diputados, de un total de 158, que votaron a favor de la enmienda, este martes el Frente Ciudadano Contra la Corrupción sostuvo que se trataba de un mensaje “en pro de la impunidad y en contra del Estado de Derecho”.
La reforma debería ser subsanada por la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal), según el Frente, pues “los congresistas están sujetos al imperio de la Ley”, aunque no aclaró si presentará amparos o acciones en contra del decreto aprobado el pasado jueves en el Parlamento.
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Son claros los mensajes pro impunidad y contra el Estado de Derecho, y el FCCC seguirá rechazando las actuaciones que debilitan la lucha contra corrupción, y hará lo que esté en sus manos para seguir defendiendo los avances que se han logrado y que no debemos dejarnos quitar. pic.twitter.com/6nJUpADRD7
— Frente Ciudadano Contra la Corrupción (@fccc_gt) October 23, 2018
