La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió un comunicado sobre la reciente modificación de la pena impuesta a José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, tras considerar que viola los principios fundamentales de legalidad.
Según el comunicado oficial, la modificación de la pena se basa en una resolución judicial emitida el 22 de abril del 2024 por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. Esta resolución está relacionada con el caso de Q122 millones localizados en el interior de maletas en Antigua Guatemala,
La Procuraduría General de la Nación detalló que impugnó esta resolución judicial en representación del Estado de Guatemala, considerando que viola los principios fundamentales de Legalidad, Imperatividad, Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso.
“En calidad de agraviado en el ejercicio de la acción reparadora dentro del proceso penal mencionado, se ha impugnado esta resolución judicial”, indica el comunicado.
#ComunicadoPGN| Sobre la modificación de la pena impuesta a José Luis Benito Ruiz, la Procuraduría General de la Nación informa: 🔉 pic.twitter.com/xFfMrF8Q8N
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) April 27, 2024
La resolución de la Sala modificaba la sentencia contra José Luis Benito Ruiz a 6 años de prisión, con una rebaja del 50 % de la pena por haberse acogido al beneficio de aceptación de cargos, quedando en tres años con el abono de la pena por la prisión ya padecida y conmutables por el resto de la temporalidad.
Reacciones por la reducción de pena a José Luis Benito
La decisión de la Corte de Apelaciones ha generado un intenso debate en el ámbito legal guatemalteco. Mientras algunos sectores consideran que se ha hecho justicia al corregir una posible irregularidad procesal, otros critican la modificación de la pena argumentando que puede sentar un precedente peligroso en materia de legalidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación, en su comunicado, reafirma su compromiso de trabajar con integridad y respetando la ley en beneficio del país. Sin embargo, esta modificación de pena deja abiertas muchas interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial y la aplicación de la ley en Guatemala.
