Integrantes de grupos de sociedad civil se presentaron este lunes 4 de marzo frente a la Torre de Tribunales para solicitar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) atiendan los plazos establecidos en la ley para el seguimiento de la solicitud de retiro de antejuicio planteada por el Ejecutivo contra la fiscal general, Consuelo Porras.
“Queremos solicitarles a los magistrados que se entre a conocer de manera inmediata la solicitud de antejuicio contra la fiscal. Hemos venido en acción pacífica y sin armas, como manda la ley, en respeto a la libertad de expresión, pues nadie puede ser perseguido y criminalizado por expresiones contrarias a los funcionarios”, dijo uno de los presentes.
Otro de los ciudadanos aseguró que la jefa del ente investigador es considerada como una persona “no grata”, ya que, según sus palabras, ha buscado generar inestabilidad en el país y causar un golpe de Estado, a través de la institución que dirige, así como socavar la democracia.
Además, hizo saber que, de no atenderse el llamado de la población y si, de cierta manera, se busca desestimarlo o beneficiar a Porras, están dispuestos a colocar “una resistencia indefinida”, como se tuvo durante 106 días frente a la sede central del MP.
#AHORA "Exigimos a los magistrados que, por una vez en la historia de esta Corte, empiecen a dar dictámenes a favor de un pueblo que ha sido violentado en todos sus derechos" | Vía @noel_solis pic.twitter.com/dSddFI4SnB
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 4, 2024
Juzgado traslada a la CSJ el antejuicio contra la fiscal general
El Juzgado Séptimo B trasladó hoy a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expediente del antejuicio presentado por el Ejecutivo contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
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La referida judicatura recibió el pasado viernes la solicitud para que se despoje de su inmunidad a la funcionaria y, como parte del trámite, se inhibió de conocerlo para posteriormente enviarlo al pleno de la Corte.
De acuerdo con la normativa legal vigente, los magistrados tienen tres días hábiles para trasladar la carpeta al órgano que le corresponderá darle seguimiento, es decir, el Legislativo, que es el competente para conocerlo, según lo que establece la ley en materia de antejuicios.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas.
