El Ministerio Público (MP) se pronunció con respecto a la querella y solicitud de retiro de inmunidad presentada este jueves 29 de febrero contra la fiscal general, Consuelo Porras. La acción fue promovida por la Secretaría General de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN) por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.
Los titulares de las referidas entidades acudieron en horas de la mañana a la Torre de Tribunales, donde expusieron que se realizó un análisis y se decidió accionar legalmente “ante la negativa” de Porras de atender la convocatoria que le hizo el gobernante Bernardo Arévalo para participar en la junta de gabinete el pasado 29 de enero.
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En esa ocasión, la fiscal acudió a Casa Presidencial, pero solamente se mantuvo en el lugar entre 10 y 15 minutos, pues posteriormente se retiró argumentando que existía impedimento legal para su participación en la reunión.
Al respecto, el Departamento de Información y Prensa del ente investigador señaló que la decisión de Porras está debidamente fundamentada en lo que establece la ley, por lo que se considera que la solicitud del retiro de antejuicio adolece de sustento legal.
“Siendo espuria y con un posible origen político con el fin de obstruir la justicia y obstaculizar la acción penal. Por lo cual, el Ministerio Público actuará de acuerdo a su mandato legal y constitucional”, expuso la oficina.
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MP expone argumento legal
El MP explicó los argumentos legales que avalarían el retiro de Porras de la reunión convocada por Arévalo. Señaló que, en cumplimiento al artículo 4 de la Ley Orgánica de la institución concurrió a Casa Presidencial, “con la voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala”.
Sin embargo, aseguró que el mandatario dio inicio a una reunión de Consejo de Ministros, cuando la Constitución Política de la República y la Ley del Organismo Ejecutivo establecen que esta instancia no puede ser integrada por personas distintas a lo que dicta la ley.
En ese sentido, se indicó que Porras dejó constancia de la irregularidad legal, pues se indicó que solamente tiene la obligación de acudir a un gabinete específico, integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en un acuerdo gubernativo que le dé vida, lo cual no se dio en esa ocasión.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7
