El Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana, resolvió este martes 13 de febrero ligar a proceso penal a cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaladas dentro del caso conocido como “Corrupción Semilla”, en el que se investigan supuestas irregularidades en la creación de partido Movimiento Semilla y el desarrollo del proceso electoral 2023.
Se trata de Jenifer Escobar y Alma Posadas, quienes forman parte del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrón; además, Luz Elena De León y Katherine Quezada, quienes laboran en la Dirección Administrativa del ente electoral. Todas son sindicadas del delito de incumplimiento de deberes.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), estas personas no realizaron las revisiones correspondientes de las hojas de adhesión de Semilla y, de esta manera, habrían permitido la inscripción de la agrupación política bajo condiciones supuestamente anómalas.
#AHORA Cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral son ligadas a proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes dentro del caso “Corrupción Semilla” | Vía Ángel Oliva pic.twitter.com/aTTv9hxTyH
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Permiten acceso a la prensa
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y la integrante de esa unidad del ente investigador, Leonor Morales, se presentaron a la sala donde se desarrollaba la audiencia de primera declaración de las empleadas del órgano electoral.
La FECI es la encargada de investigar este caso, por el cual se han girado órdenes de aprehensión y se han solicitado procesos de retiro del derecho de antejuicio contra diputados y el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Cabe mencionar que, aunque en días anteriores se había desarrollado la diligencia a puerta cerrada, hoy se permitió el ingreso de los medios de comunicación, en respuesta a una solicitud presentada por el MP.
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Trabajadoras del TSE aceptarán cargos
Dos de las personas vinculadas al caso Corrupción Semilla buscan acogerse a un proceso de aceptación de cargos. Se trata de Katherine Quezada y Luz de León de quienes se definirá su situación en una audiencia programada para este miércoles 14 de febrero, a partir de las 09:00 horas.
Con respecto a la situación de las otras empleadas procesadas, el juez otorgó un período de seis meses a la fiscalía para llevar a cabo las investigaciones respectivas.
Orellana resolvió que las empleadas del órgano electoral no irán a prisión mientras se desarrollan las pesquisas. En ese sentido, les otorgó medidas sustitutivas que incluyen: arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, prohibición de salir del país sin autorización judicial previa y por escrito, prohibición de acercarse o comunicarse con otras personas sindicadas y trabajadores del TSE y no poder ingresar a sedes del tribunal.
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* Con información de Ángel Oliva y Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7
