El Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Abelina Cruz, resolvió este martes 13 de febrero la situación legal de dos personas señaladas dentro del caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado de dinero”, relacionado con el uso de fondos ilícitos en campañas políticas. Y, tras analizar las pruebas presentadas por la fiscalía, determinó que no enfrentarán juicio.
Se trata de Beatriz Jansa Bianchi y Rafael Escobar Pereira, quienes era señalados por el Ministerio Público (MP) de la comisión del delito de lavado de dinero. Sin embargo, la togada dictó sobreseimiento a favor de ambos, pues consideró que no existen indicios suficientes para enviarlos a juicio.
Dentro de este mismo caso, la jueza Cruz resolvió ayer cerrar el proceso penal contra el exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien supuestamente figuraba como uno de los principales operadores de la financiación de las campañas de distintos partidos políticos con base en ilegalidades.
En el fallo, se expuso que tampoco se acreditaron las pruebas necesarias para respaldar los señalamientos que el ente investigador realizó contra el también empresario, a quien se le atribuían cinco delitos: cohecho pasivo, lavado de dinero, asociación ilícita, defraudación tributaria y evasión.
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#AHORA Jueza Abelina Cruz también dicta sobreseimiento a Rafael Escobar Pereira, ya que considera que no hay indicios suficientes para enviarlo a juicio por el delito de lavado de dinero | Vía Ángel Oliva pic.twitter.com/p6G9xaVObH
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 13, 2024
Caso Red de Poder
Los resultados de la investigación denominada “Red de poder, corrupción y lavado de dinero” fueron presentados en 2019 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entonces a cargo de Juan Francisco Sandoval; y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La FECI detalló que las pesquisas se iniciaron tras hallazgos hechos mientras se le daba seguimiento a otros casos, entre estos, Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud.
También se tuvieron denuncias e información pública que evidenciaron la posibilidad de que exfuncionarios y personas particulares estuvieran implicados en ilegalidades.
Las pesquisas arrojaron que supuestamente había ingreso de “dineros ilícitos en las campañas políticas y cómo
estos se beneficiaban luego durante el gobierno”, señala parte del expediente.
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* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
