La Contraloría General de Cuentas interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por anomalías en la ejecución de más Q60 millones en programas relacionados a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep). Estas transacciones presupuestarias corresponden al 2023, es decir, que se habrían llevado a cabo durante la administración del exmandatario Alejandro Giammattei.
Según la auditoría, se estableció que las autoridades responsables en su calidad de funcionarios y empleados públicos no cumplieron con las funciones inherentes al cargo, evidenciando incumplimiento de deberes y falta de transparencia en la ejecución presupuestaria.
También se hace referencia a los demás delitos que puedan surgir de la investigación que realice la autoridad competente, para lo cual el ente fiscalizador analiza la posibilidad de constituirse como querellante adhesivo.
La Sosep es una dependencia de apoyo a las funciones de la Presidencia y tiene como objetivo impulsar e implementar programas de carácter social dirigidos a la niñez, mujeres, adultos mayores y población en general. Sus acciones deben priorizar a la población en situación de pobreza o extrema pobreza.
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Contraloría también reporta irregularidades en manejo de presupuesto de hospitales
La Contraloría General de Cuentas dio a conocer el pasado que el Ministerio de Salud es una de las instituciones que se encuentra permanentemente en monitoreo por parte del personal de esa entidad, por lo que actualmente se encuentra en proceso la auditoría financiera correspondiente.
Según explicó el ente fiscalizador, en la Dirección de Salud se emitieron cuatro nombramientos de auditoría de cumplimiento con nivel de seguridad limitada. Como resultado de la aplicación de los mismos se generaron tres denuncias relacionadas con los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt.
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En el caso del primero de los centros asistenciales mencionados, los hallazgos corresponden a pagos improcedentes por trabajos de remozamiento no efectuados por 18 millones de quetzales; productos cancelados sin haberse llevado a cabo el proceso de recepción por un monto de 7 millones de quetzales; y el pago improcedente por otros servicios no realizados en canaletas plásticas de cableado.
Con respecto al Roosevelt, se indicó que se le da seguimiento a un contrato por 3 millones de quetzales, correspondiente al arrendamiento de una bodega que no cumplía con las especificaciones necesarias.
