A partir de este este jueves 14 de diciembre se inicia la cuenta regresiva para el acto de la transmisión de mando en Guatemala, que, según la información de autoridades salientes y entrantes, se llevará a cabo en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
En el proceso electoral, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró cerrado en octubre pasado, los guatemaltecos votaron por el binomio presidencial, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 corporaciones municipales.
Lo que ha transcurrido durante las elecciones y tras finalizar las mismas ha llevado a que el nombre de Guatemala suene en distintos puntos del mundo, pues se señala incluso un intento de golpe de Estado, tomando en cuenta la gran cantidad de acciones legales promovidas por la Fiscalía contra autoridades electas y el propio TSE.
El Ministerio Público (MP) defiende que únicamente cumple con su función constitucional de investigar las denuncias que recibe con el fin de verificar si hay algún tipo de irregularidad y poner a disposición de las autoridades de justicia a los posibles implicados. Sin embargo, hay múltiples pronunciamientos dentro y fuera del país que se enfocan en que sus actuaciones irían enfocadas en impedir que asuma Bernardo Arévalo, electo para suceder en el cargo al presidente Alejandro Giammattei.
Hasta ahora, el ente investigador ha presentado al menos tres solicitudes de retiro de inmunidad contra el gobernante a quien le corresponde asumir el 14 de enero de 2024. Estas surgen de un caso denominado “Corrupción Semilla”, relacionado con supuestas anomalías en el proceso de creación del partido que lo postuló y aparentes alteraciones de sistemas informáticos y documentos para cambiar los resultados electorales.
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@emisorasunidas897 Presidente electo @Bernardo Arévalo de León hace un llamado a la unidad y a manifestar este 7 de diciembre en defensa de la democracia. . . #BernardoArevalo #EUElecciones2023 #GUATEVOTA2023 #Guatemala #Semilla #7DIC
Amparo y antejuicio en el marco del proceso electoral
Este jueves, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, a quien señala de los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.
El titular de esa unidad del MP, Rafael Curruchiche, aseguró que la magistrada debió conocer las distintas irregularidades que supuestamente se dieron para cambiar los resultados de un proceso electoral que, en su opinión, debería ser declarado nulo.
Durante la jornada también se conoció una resolución de La Corte de Constitucionalidad, en la cual ordenó “garantizar” la juramentación del presidente electo al acoger un recurso de amparo presentado en octubre por un grupo de abogados y ciudadanos para despejar de obstáculos judiciales el ascenso de Arévalo al poder.
#AHORA Personal de la FECI acude a Gestión Penal en el Organismo Judicial para presentar una solicitud del retiro antejuicio en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/TUyTRQQSA2
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 14, 2023
La máxima instancia judicial del país decidió “conminar al Congreso […] a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los derechos de oficialización y validación de resultados”, según indicó en un comunicado, tras acoger el recurso.
La resolución, dictada a un mes del cambio de mando, también protege la toma de posesión de la vicepresidenta Karin Herrera, de los diputados del Legislativo y Parlacen, así como de los alcaldes y sus corporaciones electos en los comicios de este año.
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Parlamento Europeo pide sanciones por “intento de golpe” en Guatemala
Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron este jueves una resolución no vinculante que pide la adopción de sanciones contra los responsables por “la tentativa de golpe de Estado” en Guatemala.
El texto de la resolución pide medidas restrictivas contra la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, así como el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otras personas.
Esos funcionarios, apunta el documento aprobado, “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.
