La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la audiencia de revisión de medidas de coerción que se tenía programada para este lunes para definir la situación de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra. En esta diligencia se tenía previsto que se conociera la petición de su defensa, que busca que se le permita salir de prisión y permanecer en arresto domiciliario.
La exintegrante del Ministerio Público (MP) está vinculada con dos casos. En uno de estos recientemente se le autorizó poder gozar de medidas sustitutivas, pero por el otro deberá continuar en prisión.
El equipo legal de Laparra indicó que se hizo el requerimiento a la referida Cámara para que revise la situación que la mantiene en prisión desde hace 20 meses y se le brinde libertad condicional.
De acuerdo con la abogada Geraldine López, no existe peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad, por lo cual esperan que se pueda avanzar en esta fase. Sin embargo, ahora se deberá esperar a que se fije una nueva fecha para la diligencia.
Durante el fin de semana, la organización Impunity Watch se pronunció sobre la situación de la exfiscal guatemalteca y aseguró: “Esperamos que se le otorgue una medida sustitutiva como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias”.
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Mañana la nueva Cámara Penal tendrá en sus manos la libertad de #VirginiaLaparra.
Esperamos que se le otorgue una medida sustitutiva como recomendó el Grupo de Trabajo de la #ONU sobre detenciones arbitrarias. #LibertadParaVirginia. pic.twitter.com/JrayYGPcU8
— Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) November 27, 2023
Exigen libertad de Laparra
Son múltiples los pronunciamientos que se han dado a nivel nacional e internacional con respecto a que Laparra estaría siendo criminalizada como resultado de su trabajo en el Ministerio Público. Ante ello, distintas organizaciones y ciudadanos exigen su libertad.
En junio pasado, el equipo de defensa legal de la exfiscal Virginia Laparra instó al Estado de Guatemala a cumplir lo ordenado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas.
El referido ente, enfocado en el tema de derechos humanos, señaló que es arbitraria la privación de libertad de la ciudadana y pidió a las autoridades de la nación centroamericana que sea puesta en libertad “de inmediato”.
Al respecto, Alfredo Ortega, uno de los abogados de la extitular de la FECI de Quetzaltenango, indicó que la decisión de este órgano colegiado, implica obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por el Estado.
En ese sentido destacó que el incumplimiento de este tipo de decisiones puede conllevar a responsabilidades de funcionarios, pues existe un deber para diversas instancias a nivel nacional de darle cumplimiento.
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