Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acudirán este lunes 27 de noviembre ante la comisión pesquisidora del Congreso que le da seguimiento al expediente de antejuicio en su contra. Durante la reunión se espera que presenten sus argumentos con respecto a los señalamientos que el Ministerio Público (MP) hace en su contra por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El diputado Enrique Montano, presidente de la referida comisión, detalló que las actividades previstas para esta jornada incluyen escuchar la postura de la empresa Datasys Guatemala S. A., proveedora del referido programa que se utilizó en las Elecciones Generales 2023. Esto se hará a las 14:00 horas con el fin de conocer detalles del proceso de la contratación.
Mientras tanto, será a las 15:30 horas que las autoridades electorales podrán presentar sus pruebas de descargo y exponer las razones por las cuales no debería retirárseles la inmunidad, ya que han sostenido como pleno que el proceso para adquirir el sistema de transmisión de votos se hizo cumpliendo los reglamentos y leyes vigentes.
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Será tras concluir las audiencias con estas partes que los legisladores podrán entrar a la fase final del proceso de diligencias de antejuicio, donde deberán analizar la información recabada y proceder a redactar el informe que entregarán al pleno en el que se establecerá la recomendación acerca de retirarle o no la inmunidad a los magistrados.
La semana pasada fueron escuchados los argumentos de los denunciantes, Giovanni Fratti y Karen Fischer, quienes hicieron referencia a que hubo negligencia e incompetencia en la contratación del TREP. Asimismo, resaltaron la posibilidad de un fraude electoral, ante lo cual reiteraron su objetivo de que los integrantes del TSE puedan ser investigados.
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Caso contra los magistrados
El MP señaló que se observaron irregularidades desde el momento de la adjudicación hasta la suscripción del contrato entre el TSE y la empresa Datasys Guatemala S. A. para la adquisición del programa informático que se utilizó en la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales 2023 en Guatemala.
Se indicó que los magistrados autorizaron la adjudicación y aprobaron la suscripción del contrato administrativo con la referida entidad, que presentó una oferta por Q148 millones 850 mil 250. Esto a pesar que la otra entidad ofertante mostraba un monto menor, específicamente Q113 millones 957 mil 424.
Existía una diferencia de Q34 millones 892 mil 826, y además incluía hardware operativo e infraestructura de telecomunicaciones, destacó el ente investigador. En ese sentido, la fiscalía considera que posiblemente suscribieron el contrato utilizando artificios para defraudar al Estado.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7
