El Ministerio Público (MP) confirmó que este martes 21 de noviembre las fuerzas de seguridad capturaron a otra persona implicada en el caso “Toma Usac: Botín político”. Se trata de Martín Jorge Macario, trabajador y sindicalista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien ya fue trasladado al juzgado respectivo. Con esta aprehensión suman seis las personas señaladas que quedaron a disposición de la justicia por supuestamente incurrir en acciones contra la ley.
En tanto, para este martes está programada la audiencia de primera declaración de los otros sindicados, entre quienes se encuentran Marcela Blanco, integrante del partido Movimiento Semilla; y Eduardo Velásquez, docente de la referida casa de estudios.
En ese contexto, frente a la Torre de Tribunales se mantiene una manifestación en apoyo a las personas señaladas, a quienes se les atribuyen los delitos que se les atribuyen a estas personas son: usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita.
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Caso “Toma Usac: Botín Político”
El pasado jueves, el MP presentó el caso “Toma Usac: Botín Político” que surgió en seguimiento a una denuncia presentada en junio de 2023 por parte de las autoridades universitarias. Esto se dio luego de que les fueron entregadas las instalaciones de la casa de estudios tras un año de permanecer tomadas en el marco de las protestas contra la elección de Walter Mazariegos como rector.
A pesar de que se trató de acciones de parte de grupos de estudiantes que se extendieron a distintas sedes del país, basadas en señalamientos de posible fraude para llevar a Mazariegos al poder, el MP señaló que los medios de investigación muestran otro escenario.
“Se evidencia que el objeto real de la toma de la Usac fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a candidatos de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, entiéndase Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados al Congreso de la República, entre otros”, destacó la fiscalía.
Agregó que, de esta forma, se advierte que los imputados intentaron engañar a más de 17 millones de guatemaltecos al hacer parecer las acciones como legítimas y en beneficio de la sociedad, cuando en realidad se trataba de intereses políticos.
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