La Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite a una acción de amparo presentada por autoridades indígenas contra el presidente de la República, Alejandro Giammattei; la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana. La acción legal busca proteger los resultados del proceso electoral y restituir el orden constitucional, en respuesta a las acciones impulsadas por el Ministerio Público en contra del proceso, sus resultados y los magistrados electorales.
CC al recibir la acción de amparo, determinó que, por cuestiones de competencia, el expediente debe ser remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su conocimiento y emisión de un pronunciamiento. En este sentido, se deben trasladar copias certificadas del escrito inicial del amparo y de la resolución relacionada, permitiendo a la CSJ continuar con el trámite correspondiente.
#AHORA La Corte de Constitucionalidad (CC) le dio trámite a una acción de amparo promovida por autoridades indígenas en contra del presidente Alejandro Giammattei; la Fiscal General, Consuelo Porras; el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.… pic.twitter.com/TL8I2cm8iI
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Amparo para restablecer el orden constitucional
La acción legal fue presentada el pasado 18 de septiembre por autoridades de Los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá y el Parlamento del Pueblo Xinca. En su argumentación, estas autoridades indígenas alegan la necesidad de preservar la integridad y la legitimidad del proceso electoral, así como garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el país.
En ese sentido, la CC informó que, por cuestiones de competencia, el expediente debe ser remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer y emitir un pronunciamiento. Para ello, se debe trasladar copias certificadas del escrito inicial del amparo y del escrito… pic.twitter.com/BN2i6N91UR
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Este proceso legal se enmarca en un contexto político y social tenso, donde las acciones del Ministerio Público en contra del proceso electoral y sus resultados han generado controversia y descontento en diversos sectores de la sociedad guatemalteca. La decisión de la CC de remitir el expediente a la CSJ añade un nuevo capítulo a este complejo escenario legal, que será seguido de cerca por la ciudadanía y los actores políticos del país.
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