El viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Oscar Rafael Pérez Ramírez, se pronunció con respecto a la sanción que le impuso Estados Unidos, la cual incluye la restricción de visas para él y su esposa. De acuerdo con el Departamento de Estado, la designación del funcionario guatemalteco se dio como consecuencia de su supuesta participación en “corrupción significativa”.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, detalló el pasado martes que Pérez, así como los exministros de Gobernación, Gendri Reyes; y del MEM, Energía y Minas, Alberto Pimentel, junto con sus familias, no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
“Estas personas aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos. En ese sentido, se destacó que sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”, señaló Miller.
Con respecto a los señalamientos, el actual viceministro dijo estar seguro de que las investigaciones a fondo, sobre cualquier acción u omisión de su parte, concluirán en que se ha conducido de acuerdo al marco legal vigente.
“Eventualmente, cualquier señalamiento será resuelto”, destacó el viceministro Pérez.
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Gobierno rechaza designación de exministros por parte de EE. UU.
El gobierno de Guatemala se pronunció el pasado jueves 2 de noviembre con respecto a las sanciones impuestas recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América contra dos exministros y un actual viceministro por supuestamente tener vínculos con actos de corrupción.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, aseguró que el Ejecutivo rechaza cualquier tipo de “medida injerencista” en asuntos internos del país.
Con respecto a las personas que fueron designadas, quienes han integrado la actual administración a cargo del presidente Alejandro Giammattei, indicó que hasta ahora no tienen ningún proceso. En ese sentido, destacó que los señalamientos en su contra no tienen fundamento ya que no existe ningún tipo de denuncia en su contra.
“El respeto al estado de derecho guatemalteco debe de preponderarse y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales de la persona, principalmente el principio de inocencia, el debido proceso y lo que es también la legítima defensa. Eso se debería de recordar en este tipo de sucesos”, dijo.
* Con información de Fabiola Toledo, Emisoras Unidas 89.7
