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presidenta del TSE, Irma Palencia, presenta memoria de labores
Foto: Edwin Bercián/EU

CSJ no ha resuelto solicitud de antejuicio contra magistrados del TSE

La Fiscalía de Delitos Administrativos planteó hace un mes la petición de retiro de inmunidad contra ocho magistrados del TSE.

Este 27 de octubre se cumplió un mes desde que el Ministerio Público (MP) presentó la solicitud de retiro de inmunidad en contra de cinco magistrados titulares y tres suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestas irregularidades en la adquisición del programa de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por un monto de Q148 millones.

La acción legal contra los togados fue planteada por la Fiscalía de Delitos Administrativos por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

También puede leer→ TSE: “Se cumplió de manera estricta con toda la normativa en la adquisición del TREP”

Se trata de los magistrados titulares: Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco. Asimismo los magistrados suplentes: Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

Desde esa fecha, el expediente de antejuicio ha recorrido las diferentes instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, los magistrados se han reunido en varias ocasiones en plenos ordinarios y extraordinarios sin resolver dicha petición.

Le puede interesar:

@emisorasunidas897

MP da seguimiento a una denuncia por supuestas irregularidades en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP. . . #euelecciones2023 #GUATEVOTA2023 #EleccionesGT2023 #Trep #MP #TSE #Antejuicio

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Señalamientos contra los magistrados

El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados, autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición del programa por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones, que, además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.

En tanto, los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes se habrían cometido al no permitir una supervisión independiente del programa y, según el MP, con ello los magistrados omitieron una función propia de su cargo que era verificar si dicha plataforma cumplía los requisitos para la transmisión de los resultados preliminares.

* Con información de Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7

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