La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este miércoles 4 de octubre al Estado de Guatemala a respetar y garantizar el resultado de las elecciones celebradas de manera libre y justa. Asimismo, pidió cesar de inmediato las acciones de “injerencia” del Ministerio Público (MP) que, en su opinión, atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población.
En un comunicado detalló que de esa forma se podría cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
La CIDH señaló que, el 29 de septiembre, el MP a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realizó un nuevo allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que resultó en la sustracción de más de 125 mil documentos y actas originales de las elecciones generales. También se refirió a la solicitud de retiro de inmunidad que fue promovida por el ente investigador contra los magistrados electorales.
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Ante dicho escenario, la Comisión advierte un conjunto de situaciones que ejemplifican el deterioro progresivo de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Guatemala.
Entre esas acciones, menciona las continuas injerencias en el proceso electoral, mediante la interpretación de normativas y prácticas que impidieron la participación efectiva de personas y partidos políticos, la suspensión del anuncio de los resultados de la primera vuelta por más de dos semanas, el intento de suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla para impedir a sus integrantes la adjudicación de cargos públicos y el allanamiento a su sede.
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CIDH otorgó medidas cautelares a las autoridades electas
La CIDH resolvió el pasado 24 de agosto otorgar medidas cautelares a favor del presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, en Guatemala. La entidad consideró que el binomio del Movimiento Semilla se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
“Según la parte solicitante, serían objeto de estigmatización, hostigamientos, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales, así como amenazas que incluye la existencia de dos planes para atentar en contra de sus vidas e integridad, uno incluso notificado por fiscales”, destacó.
En ese sentido, la Comisión pidió al Estado centroamericano que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del binomio electo a la luz de las valoraciones de la presente resolución”.
* Con información de Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7
