La entidad Alianza por las Reformas, que aglutina a 40 organizaciones sociales, presentó un recurso legal “Amicus Curiae” ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en seguimiento al “Conflicto de Competencia” que planteó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en dicho tribunal el pasado 13 de septiembre para determinar si un juez penal tiene las facultades para suspender a un partido político.
Con esta acción legal, las agrupaciones de la Alianza buscan sumarse como terceros interesados y aportar argumentos que puedan ser tomados en cuenta para que quede sin efecto todo lo actuado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, en el marco de la investigación contra el partido Movimiento Semilla.
En ese sentido, establecen que la Ley Electoral y de Partidos Políticos es la norma que regula lo concerniente a la suspensión y cancelación de agrupaciones políticas. Además, se indica que no se debe aplicar leyes como la Ley Contra la Delincuencia Organizada para atacar a los partidos políticos.
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TSE pide a la CC delimitar facultades de juez
El Tribunal Supremo Electoral, por medio de su mandataria judicial, María Lucrecia Morales, dio a conocer que presentaron “una cuestión de competencia” ante el alto tribunal constitucional.
Con ella se busca que la máxima corte delimite si un juez penal tiene facultades para poder solicitar la suspensión o cancelación de un partido político o una organización política, la cual fue constituida bajo el amparo de la Ley Electoral de Partidos Políticos, misma que es de carácter constitucional.
“Para ello, aparte de la presentación de documentos, hacemos mención también que ya existe una sentencia del 3 de noviembre de 2020, en la cual la CC se pronunció, dentro del expediente 65-96-2019, y en la que se puede conocer que la CC, dentro de sus facultades, le compete establecer la competencia entre organismos estatales y organismos autónomos”, explicó la abogada.
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* Con información de Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7
