El presidente electo, Bernardo Arévalo convocó a los guatemaltecos para acompañarlo a presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia el lunes 18 de septiembre.
En un vídeo publicado en su cuenta de la red social X, explicó que en la medida de protección solicitará que se reestablezca el orden constitucional.
Además, pedirá la destitución de la fiscal general, María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
“Funcionarios que traicionando la autoridad depositada en ellos por el pueblo usan su poder para negarle a la ciudadanía el derecho a vivir en una democracia, a ser gobernados por las personas a quienes eligieron”, explicó.
LA CONVOCATORIA
En la publicación se detalla que el amparo será presentado el lunes 18 de septiembre, a las 5:30 P. M., en la Plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.
Arévalo convocó a los guatemaltecos para acompañarlos en el planteamiento de este recurso, incluyendo integrantes de organizaciones sociales, empresarios, comunidades de fe, fiscales de partidos políticos, voluntarios, estudiantes, entre otros.
¡Nos vemos en la corte!
Acompáñanos el lunes 18, a las 5:30 P. M., en la Plaza de los Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia para presentar un amparo.Fuerte y claro: #FueraGolpistas pic.twitter.com/aXPZqbw7gQ
— Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) September 16, 2023
JUSTIFICACIÓN
En el vídeo, el presidente electo indicó que buscan que se respete el derecho de los ciudadanos a ser gobernados sin opresión ni tiranía.
“En expresión de unidad nacional y de defensa de la democracia… a quienes no puedan acompañarnos en esta cita en la ciudad de Guatemala, que se congreguen en las plazas de sus cabeceras departamentales y de sus municipios para manifestar y hacer visible su repudio a los golpistas”, agregó.
ALLANAMIENTOS
Durante la semana, la FECI emprendió nuevos allanamientos en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, lo cual incluyó la apertura de cajas electorales que contenían los votos de la ciudadanía.
El actuar del Ministerio Público ha provocado múltiples reacciones en su contra y preocupaciones, así como la suspensión del proceso de transición.