La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, dijo en sus redes sociales que repudia los procesos judiciales del Ministerio Público (MP) en contra de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE). A su criterio, se trata de un evidente intento por sabotear las elecciones.
Además, consideró que la presencia de Consuelo Porras como fiscal general se vuelve cada vez más incompatible con la democracia.
De la misma manera, el subdirector en funciones de la División de las Américas de HRW, Juan Pappier, coincidió con Goebertus con respecto a la situación en Guatemala y consideró que la comunidad internacional debe tenerla claro.
“Y defender el derecho a elecciones justas y libres de los guatemaltecos”, enfatizó.
Ministerio Público presenta antejuicios contra tres magistrados del TSE
El Ministerio Público (MP) presentó ayer las solicitudes de retiro del derecho de antejuicio contra tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tal acción fue autorizada por la fiscal general, Consuelo Porras.
De acuerdo con información del Departamento de Información y Prensa del ente investigador, los señalados son la presidenta del órgano electoral, Irma Palencia, el magistrado titular, Mynor Franco, y el magistrado suplente, Álvaro Cordón.
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Las acciones fueron planteadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, y resoluciones violatorias a la Constitución.
De acuerdo con la fiscalía, los integrantes del TSE pudieron haber incurrido en ilegalidades al declarar procedente la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez, teniendo pleno conocimiento que no cumplía con los requisitos.
Específicamente, se indicó que permitir su participación en la contienda electoral iría en contra de lo que establece el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que define los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. De igual forma, no cumpliría con los artículos 162 y 164 que establecen las prohibiciones y compatibilidades.
Un día antes, la Fiscalía pidió el retiro de inmunidad del Director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, por supuestamente avalar la inscripción irregular del partido Prosperidad Ciudadana, que postulaba a Carlos Pineda como candidato presidencial.
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