Por medio de un comunicado, al menos 10 organizaciones internacionales se pronunciaron con respecto a la situación en Guatemala, donde señalaron que existe insistencia de parte del Ministerio Público (MP) en obstruir el proceso electoral y socavar la democracia.
En el documento, fechado este lunes 7 de agosto, se indicó que estas entidades se encuentran profundamente preocupadas por el contexto en el cual los guatemaltecos están eligiendo a sus nuevos gobernantes y demás autoridades.
Señalaron que ya se han dado tres ocasiones en las que la Fiscalía se acerca a las sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para buscar información. Mencionaron que el 3 de agosto el personal secuestró documentos para recolectar datos de la forma en que fueron digitadas las actas que acreditan los resultados electorales del 25 de junio.
De igual forma, citaron que con anterioridad se realizaron allanamientos en el Registro de Ciudadanos y el Departamento de Recursos Humanos del tribunal. También, hicieron referencia a la solicitud del MP para que se emitieran órdenes de captura contra autoridades del órgano electoral.
Asimismo, expusieron que las organizaciones solicitaron información sobre el personal encargado de digitalizar los resultados de las elecciones.
“Esto muestra un patrón sistemático de hostigamiento y abuso del derecho penal por parte del MP para interferir en el proceso electoral y sembrar duda sobre la imparcialidad del TSE”, destacaron.
Según el MP, Almagro pudo conocer de la fuente oficial “las múltiples ilegalidades” que se han advertido a través de la investigación.
🗳🇬🇹 #EUElecciones2023 #Elecciones2023 #EleccionesGT #GUATEVOTA2023https://t.co/osTyAAlluz— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 3, 2023
Llamado a la OEA en el contexto electoral
En el referido contexto, hicieron un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que la Misión de Observación Electoral (MOE) de esa entidad permanezca en el país hasta el 14 de enero 2024, cuando se realice el cambio de gobierno.
Según afirmaron, la petición se planteó ante la posibilidad de que después de la segunda vuelta electoral continúen los actos de hostigamiento contra el TSE o se intente anular los resultados electorales.
“Le solicitamos al Secretario General de la OEA que tome nota de las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público y la fiscal general, Consuelo Porras, y que informe al Consejo Permanente de la OEA que persisten riesgos al proceso electoral debido al uso indebido del sistema penal”, concluyeron.
