El Ministerio Público (MP) hizo un nuevo requerimiento de información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con respecto al proceso de elecciones 2023. Esta vez fue a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos y se dio en seguimiento a una investigación en curso.
Según confirmó el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, se pidió un informe circunstanciado como parte de la pesquisa preliminar respecto a una denuncia sobre la adquisición del programa para conteo de votos de las empresas Datasys y Podernet.
La oficina detalló que no se fijó un plazo específico para que el órgano electoral les traslade la información correspondiente a este expediente.
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Adquisición del sistema por parte del TSE
El TSE confirmó el 28 de febrero de 2023 que ya se había adjudicado el Programa Informático para Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso Electoral 2023 (TREP).
Por medio de un comunicado difundido en las redes sociales, confirmó que el servicio sería prestado por la empresa DATASYS Guatemala, S. A., la cual tiene una asociación estratégica con la empresa PODERNET, S.A., de C.V.
La entidad resaltó que la referida compañía cuenta con más de 20 años de experiencia y con más de 15 acreditaciones en procesos electorales.
Además, resaltó que la adjudicación se realizó cumpliendo con criterios de calidad, características del programa y el tiempo de adecuación para desarrollar simulacros en el menor tiempo posible.
De acuerdo con el TSE, la Junta Receptora de Ofertas realizó la verificación del cumplimiento de requisitos, tras lo cual se invitó a ofertar a tres empresas, pero solo dos de estas manifestaron su intención de participar.
La compañía a la cual se le adjudicó el evento cumplió con el 95 por ciento de los lineamientos que definió el tribunal.
Luego de que el TSE adjudicó la compra del sistema informático por Q148 millones, María del Carmen Aceña, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN), dijo que la empresa contratada en 2015 proporcionó todo el kit para el funcionamiento del sistema.
Agregó que, según las proyecciones, para este año el costo hubiera sido de Q70 millones.
Por su parte, Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó que el actual pleno de magistrados tiene una propensión al gasto.
Además, cuestionó por qué no adquirir la tecnología utilizada en 2019, cuyo costo fue menor a la que se adjudicó recientemente.
* Con información de Joel Maldonado y Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7
