Los 48 Cantones de Totonicapán pidieron este martes 4 de julio a la Corte de Constitucionalidad (CC) que revoque la resolución que ordena la audiencia de revisión de actas electorales, pues consideran que con esta disposición se busca mantener el estado de corrupción institucionalizada.
Por medio de un comunicado, las autoridades comunales manifestaron su rotundo rechazo al fallo emitido por los magistrados, pues consideraron que es ilegal por no haberse agotado las instancias con la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con el documento, el alto tribunal constitucional amparó a los partidos políticos “perdedores” en las recientes elecciones y ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) al suspender la oficialización de resultados a nivel nacional, incluida la de Presidente y Vicepresidente de la República.
Resaltaron que el pueblo ya manifestó su soberana voluntad rechazando la corrupción y la vieja política de los que describieron como partidos tradicionales.
En ese sentido, los 48 Cantones de Totonicapán exigieron a la CC revocar de inmediato su resolución que, en su opinión, pretende que continúe la cleptocracia de los últimos años que ha sumido a la población en una situación de pobreza generalizada.
“A los magistrados del TSE (pedimos) resolver en un tiempo máximo de tres días la oficialización de los resultados y resolver de forma individualizada cada uno de los casos que le fueron presentados y no generalizar de forma arbitraria la anulación de todos los resultados y respetar la voluntad del pueblo de Guatemala”, manifestaron.
#EUElecciones2023 De martes a jueves se llevarán a cabo las audiencias en el Parque de la Industria
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 4, 2023
Los 48 Cantones podrían realizar movilizaciones masivas
Los 48 Cantones también advirtieron que, de no revocarse las resoluciones emitidas por la CC y el Tribunal Supremo Electoral para, según aseguraron, restablecer el orden constitucional, tomarán acciones legales y movilizaciones masivas.
“En acto de resistencia social, amparados en la Constitución de la República y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, que establecen el derecho a la libre manifestación”, detallaron.
Asimismo, responsabilizaron al Estado de Guatemala, al que señalaron de promover la ruptura constitucional a través de sus instituciones, por la vida e integridad de los participantes de los movimientos sociales.
Finalmente, hicieron un llamado a la población en general y organizaciones para unirse a las jornadas de manifestación que se convocarían de ser necesario.
