El partido Prosperidad Ciudadana aseguró que son 1 mil 263 personas inscritas para competir a un cargo de elección cuyas candidaturas quedaron suspendidas tras el fallo que emitió ayer la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
La referida instancia otorgó un amparo provisional al partido Cambio bajo el argumento de que la asamblea nacional ordinaria de la referida organización política, que proclamó a Carlos Pineda como candidato a la Presidencia, no se realizó de forma legal.
En ese sentido, la agrupación integrada por los hijos de Manuel Baldizón pidió que se suspendiera la participación del partido y de los candidatos inscritos para las elecciones de junio de 2023. Sin embargo, dicha agrupación política puede apelar en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Con el fallo de la sala quedaron en suspenso todas las candidaturas, entre ellas la del binomio presidencial, diputados al distrito central y por listado nacional, al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y corporaciones municipales.
El partido anunció que a las 15:30 horas de este sábado, 20 de mayo, presentará una apelación en la Corte de Constitucionalidad.
#EUElecciones2023 La acción de amparo argumenta que la asamblea nacional ordinaria de Prosperidad Ciudadana que proclamó a Pineda como candidato se realizó de forma ilegal y pide que se suspenda la participación del partido
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 19, 2023
Prosperidad Ciudadana pide vigilar situación en el país
Por medio de un comunicado emitido ayer tras conocerse el fallo de la Sala Sexta, el candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, expresó su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala.
“Hago un llamado a la Organización de Estados Americanos, a la Secretaria para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que velen por el respeto al Estado de Derecho”, expresó.
Añadió que es necesario tener la certeza jurídica que implica la resolución firme de su candidatura, reiterada en el informe circunstanciado presentado por el Tribunal Supremo Electoral.
También hizo un llamado a la Misión de Observación Electoral (MOE-UE) y miembros del Parlamento Europeo para velar por el Estado de Derecho en el país y el estricto cumplimiento a la ley con estas resoluciones ilegales emitidas por parte de la Sala.
