Para este lunes, 24 de abril, fue programada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la vista pública donde el aspirante a candidato presidencial del partido Podemos, Roberto Arzú, estará presentando sus argumentos para que se le permita ser inscrito y participar en las elecciones generales de junio próximo.
La audiencia se tiene prevista para las 14:30 horas y será dirigida por los magistrados titulares de la CSJ, luego de que la semana pasada rechazaron la recusación planteada por la organización política.
Sin embargo, se confirmó que la presidenta de ese organismo, Silvia Patricia Valdéz, y la magistrada Blanca Stalling se encuentran de viaje en Argentina, donde participan en el XIX Encuentro Iberoamericano de Magistradas celebrado en Buenos Aires.
Ambos candidatos a puestos públicos, cuyas inscripciones no fueron aceptadas por el TSE, se sentaron en el Centro Cívico para discutir varios temas.#EUElecciones2023 #Elecciones2023 #EleccionesGT #GUATEVOTA2023https://t.co/JriMZ2OSoD
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2023
Acciones legales de Arzú
El pasado 10 de abril se llevaría a cabo la diligencia; sin embargo, tras más de una hora de espera, se anunció la suspensión. Esto se dio luego de que se confirmara que la organización política planteó una recusación contra 12 de los 13 magistrados de esa instancia.
El presidenciable, Roberto Arzú, indicó que accionaron porque al menos tres de los togados están en la lista Engel, emitida por el Gobierno de Estados Unidos, acusados de corrupción e incurrir en acciones contra la democracia.
“También recusamos porque nos hemos enterado que cuatro magistrados, incluidos Pineda, Medina, Vitalina Orellana y la presidenta de la CSJ, casualmente el día antes que resolvieran el amparo provisional en contra nuestra, ellos se reunieron en Casa Presidencial a escondidas”, manifestó el aspirante presidencial.
Asimismo, mencionó que esto es ilegal, porque cualquier reunión que hubiera entre el presidente de la república y un magistrado, por la independencia de poderes, debiera ser pública.
El Ejecutivo también indicó que considera las aseveraciones del aspirante como un intento de desvirtuar el proceso electoral vigente.
Asimismo, dio a conocer que se evalúa la posibilidad de emprender acciones legales en su contra por lo que considera “una clara comisión del delito de difamación”.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
