El Congreso de la República conoce actualmente una iniciativa de ley que establece cárcel, nuevos delitos y aumenta las penas por robo de energía eléctrica.
La propuesta, que consta de 10 artículos, fue enviada por el presidente Alejandro Giammattei y establece prisión de dos a cuatro años para el delito de robo de fluidos, pues en la ley vigente se fija una multa de 200 a 3 mil quetzales.
También establece el delito de hurto de energía eléctrica mediante conexiones ilegales, que sería sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q5 mil a Q10 mil.
El cobro ilegal de energía eléctrica se castigaría con prisión de 5 a 8 años y multa de hasta Q50 mil. También se modifica el artículo 254 del Código Penal para crear la figura de robo de fluidos cometido por grupo delictivo organizado.
Víctor Asturias, Director Ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE): "Este hurto nos está afectando a todos los guatemaltecos y se ve reflejado en la tarifa de energía. Poder solucionarlo va a beneficiarnos a todos" pic.twitter.com/WgIa42z7dv
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 2, 2023
“Dientes” para disuadir a implicados en el robo
Víctor Asturias, director ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE), se refirió a la propuesta de ley durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Señaló que desde esa entidad la ven con buenos ojos, pues penalizará el hurto de fluidos, pues anteriormente las sanciones no eran disuasivas hacia los grupos organizados que se dedican a este flagelo.
“Ahora ya se iría con penas de cárcel, multas económicas hasta Q10 mil. Entonces ya se le empiezan a ver los dientes que se necesitaban para realmente disuadir a estas organizaciones”, dijo.
Asimismo, se refirió a la forma en la que operan estas estructuras: “Hacen conexiones ilegales y después buscan cómo convencer a ciertas comunidades con mentiras para decirles que de esta manera van a conseguir energía a un precio más barato”.
Sin embargo, aseguró que estas personas omiten mencionar que las referidas conexiones son inestables, ponen en riesgo a los usuarios y a las comunidades vecinas o dependientes de esas líneas de energía eléctrica.
Compartió que se conoce que son varios grupos los que se han organizado y se dedican a esta actividad criminal. También detalló que la mayoría de los casos se dan en el suroriente del país, aunque se han ido expandiendo.
“Lo vemos como un cáncer. Cuando estas organizaciones logran afectar una comunidad y presentan esta alternativa a las personas, realmente muchas veces la gente se ve sin un poder de decisión, pues básicamente o se suman a pagar por los fluidos que han sido robados o se quedan sin conexión”, compartió Asturias.
Finalmente, mencionó que este es un tema que en general afecta a todos los guatemaltecos y si la ley pasa, como aseguró que espera que ocurra, se podría empezar a corregir esta situación.
