La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció una investigación contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y “en reciprocidad” Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez “demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”, tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como “un error de guerrillero” la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
#EUNacionales El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente se refirió a los señalamientos que hace el Ministerio Público de Guatemala contra su ministro de Defensa, Iván Velásquezhttps://t.co/R1EG0H8THK
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 18, 2023
Pronunciamiento del secretario acerca de Guatemala
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó “una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”, según su portavoz, Farhan Haq.
“He tomado conocimiento de las acciones emprendidas por el Ministerio Público de Guatemala contra operadores de justicia y funcionarios de la ex Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG, incluida la intención de emprender acciones legales contra el ex Comisionado Iván Velázquez”, agregó.
Además, Guterres hizo referencia a que el personal internacional de la Comisión, en los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la CICIG, goza de privilegios e inmunidades, “y que su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos”.
