Está en desarrollo la audiencia de lectura de sentencia en el caso La Línea. El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti se encuentran entre los 29 acusados de supuestamente integrar una red de defraudación aduanera.
La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Jeannette Valdés, comenzó con la argumentación y señaló que en las acusaciones presentadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hubo errores notorios.
También señaló que se dieron ciertas “aberraciones” en los procesos y cuestionó el actuar del exjuez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, al dictar medidas de coerción contra los sindicados. De igual forma, aseguró que el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue malintencionado.
Al inicio de su intervención, la togada dijo que, al determinar la responsabilidad penal de los acusados, se estableció que no todos son responsables de la comisión de los delitos. Mencionó que ella y sus compañeras del tribunal hicieron un análisis minucioso antes de resolver la situación jurídica de los implicados.
“No para todos se da la responsabilidad penal. Hay algunos que van a salir excluidos”, expresó.
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Agregó que las acusaciones adolecen de muchos aspectos, lo que a su criterio son falencias. Entre estas mencionó la de Pérez y aseguró que incluso él mismo y su defensa lo expusieron al dirigirse al tribunal. Explicaron que de todos los medios probatorios, teléfonos, correos, no se había logrado probar y solo eran como dos sesiones las que se referían a él, recordó.
“Hay unas sesiones donde dice que la estructura empieza a operar de mayo 2014 a abril de 2015 y en forma continuada se establece a través de 100 mil sesiones correspondientes a líneas intervenidas, 5 mil correos, 500 mil documentos, 200 extracciones de dispositivos informáticos y comunicación móvil, testimonios y otros medios obtenidos en el curso de investigación”, dijo al leer parte del expediente.
En ese contexto, Valdés aseguró que tan solo al observar ese primer párrafo se observa una aberración total, pues consideró que mencionarlo de esa manera desde el inicio se hizo para impresionar, pero no se tenía un fundamento real.
“No podemos empezar a recibir los medios probatorios con esto, pues es una forma de querer apantallar. Es un trabajo que carece de los más elementales conocimientos para poder formular acusación”, puntualizó.
También mencionó que es importante determinar la legitimidad de la prueba, porque no se pueden tomar decisiones con medios que no se han obtenido legítimamente.
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Cuestiona trabajo de CICIG y MP al investigar La Línea
La jueza hizo referencia a que el trabajo de la CICIG en el caso La Línea fue bastante atacado. En ese contexto, expuso que hubo acciones malintencionadas, manipuladas, llenas de mentiras y arbitrariedades por parte del personal de la entidad internacional.
“El trabajo que hizo la CICIG dejó mucho que desear. Fue deficiente. Ellos no son mejores que nosotros. Creo que en Guatemala hay buenos fiscales, peritos, personas comprometidas, no necesitábamos de extranjeros que vinieran a hacernos un trabajo como el que hicieron en algunos de los casos”, resaltó.
Agregó que se trató de una institución que se empoderó mucho y que el juez que no resolvía en la línea definida por esa entidad era calificado como corrupto. “Era una muerte civil”, enfatizó.
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Valdés incluso dijo que el excomisionado Iván Velásquez difamó al tribunal que ella preside por una situación que se dio, a su criterio, sin ningún fundamento. “(Pero) nunca me plegué a los intereses de CICIG”, expresó, sin ampliar mayores detalles.
Añadió que los jueces tienen una alta investidura y no deben ceder a ninguna presión. “No importa si nos van a querer hacer daño o destruir por las decisiones que tomemos”, dijo.
También mencionó que hubo errores del MP y que se hará la denuncia administrativa para que se corrija pues, según sus palabras, no se puede tener empleados que tengan absoluta irresponsabilidad en el ejercicio de su trabajo.
