El Tribunal de Mayor Riesgo B dio lectura este miércoles, 7 de diciembre, a la sentencia del juicio por el caso La Línea, en el que están acusados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así como otras 27 personas. Las juezas absolvieron a los exgobernantes por el cargo de enriquecimiento ilícito, pero los encontraron culpables de los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera.
Tras más de tres horas de argumentación, la presidenta del tribunal, jueza Irma Jeannette Valdés, le dio lectura a la resolución alcanzada tras analizar el expediente y escuchar a las partes en un debate que duró casi 11 meses.
Informó que, entre otras personas, Omar Franco y Carlos Muñoz, exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fueron absueltos del delito de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
“No podemos atribuirle que él contribuyó en el paso de contenedores y no se determinó si a él le dan un porcentaje de las ganancias ilícitas”, señaló la togada acerca de Franco.
Sin embargo, manifestó que las pruebas demostraron la existencia de una red de defraudación aduanera y que se aplicarán las penas correspondientes a los responsables.
#CasoLaLínea: Carlos Muñoz, exjefe de la SAT, también es absuelto por parte del tribunal de Mayor Riesgo "B". Continúa la audiencia | Foto: @EBercian_PN pic.twitter.com/e5MbQuzEn9
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Pérez y Baldetti, culpables
Fue la jueza Katty Sarceño la encargada de darle lectura a la parte relacionada con la situación legal de Pérez y Baldetti, señalados por el Ministerio Público de dirigir la red de defraudación.
Explicó que comete delito de enriquecimiento ilícito el funcionario, empleado público o quienes ejerzan funciones públicas, y quienes tengan hasta cinco años después de haber cesado el ejercicio de la función, que obtengan para sí mismos un beneficio patrimonial o algún incremento en su nivel de gastos, que no correspondan a lo que pudieron haber recibido en el ejercicio de sus funciones y no puedan justificar su procedencia lícita.
“Este tribunal ha realizado un análisis exhaustivo y también las juzgadoras hemos observado lo que contiene la Ley contra la Corrupción”, destacó la togada antes de anunciar la decisión.
Agregó que no hay ninguna prueba que permitiera establecer ese incremento patrimonial y, en su opinión, eso es de conocimiento público. Mencionó que la fecha en que ambos acusados tomaron posesión de sus cargos y la fecha que cesaron, no se describe en la acusación y no se especifica el monto al que asciende el incremento patrimonial.
De acuerdo con el fallo, la fiscalía no tuvo argumentos conclusivos que pudieran señalar pruebas o partes esenciales de la acusación que pudieran dar la certeza de ese tema. Tampoco se adjunta como prueba una declaración patrimonial y, por ende, se desconoce si hubo cambios al dejar el cargo.
“Tampoco contamos con informes bancarios o cuentas en el exterior que le sean acreditados a los acusados. No se tiene algún registro de la propiedad que permitan al tribunal respaldar la adquisición de inmuebles”, añadió.
Sarceño destacó que deben ser jueces independientes, por lo cual analizaron las diferentes argumentaciones y las pruebas de cargo y descargo. También manifestó que se han respetado las garantías de los acusados.
“Consideramos que toda persona, sin importar quién sea, debe ser juzgado de forma imparcial y atendiendo a la prueba que lo incrimina, porque queremos una sentencia justa”, enfatizó la togada.
Concluyó que, por imprecisión de los hechos acusados y, sobre todo, al no existir prueba que el tribunal pueda considerar acreditada para establecer el incremento patrimonial, se debió absolver a los exgobernantes por este delito.
“Con dicha prueba que se aportó no se pudo quebrantar la presunción de inocencia de ambos acusados, respecto al delito de enriquecimiento ilícito solamente. Pues tenemos que tener en cuenta que ya se les señaló responsabilidad por los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación”, puntualizó.
#CasoLaLínea: Ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, hallada culpable de los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera. pic.twitter.com/4nUy6Pj3H3
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Confirman existencia de red de defraudación
De acuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo B, se estableció la existencia de un mecanismo de defraudación aduanera, por medio del cual se generaba dinero ilícito que era repartido dentro de los miembros de la estructura criminal.
Se informó que existen interceptaciones telefónicas que demuestran que se obtuvieron estos fondos, a los que les denominaban “cola”, por medio de acciones irregulares. El monto asciende a por lo menos Q28 millones.
En ese contexto, la jueza Valdés aseguró que se han vulnerado la economía y los fondos del Estado de Guatemala, con lo cual se deja a las comunidades en más precarias situaciones. “Y vemos cómo hay falta de oportunidades para los niños y jóvenes por estas políticas”, destacó.
Agregó que la corrupción es un cáncer en la administración pública, pero que se busca dejar precedentes con respecto a este flagelo.
“Se les reprocha que tenían sus sueldos como empleados públicos y, teniendo la oportunidad de hacer un trabajo digno, se desviaron de lo que era su deber ser para recibir los sobornos de parte de la estructura externa”, resaltó también la togada.
“Tenían facultad de discernir entre el bien el mal, tenían conocimiento de la ley, de cuál era su función, y se apartaron de esto”, añadió.
Puntualizó que se dio la consumación con los actos de los importadores, por lo cual recibirán la pena que corresponde con respecto al delito de caso especial de defraudación aduanera.
Un parteaguas
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios y que inició hace unos once meses, rompe los esquemas y sienta “un hito en la historia” judicial de esta nación centroamericana.
“El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad”, dijo Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó que una eventual condena será “una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores”.
Cux y Martínez coinciden que, de ser absuelto Pérez, no se provocará grandes protestas debido al temor de ser reprimidas por las fuerzas de seguridad.
