El congresista estadounidense Albio Sires, representante del distrito 8 de Nueva Jersey, manifestó su preocupación por la situación del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien enfrenta un proceso de retiro del derecho de antejuicio.
El juez guatemalteco debe comparecer este viernes, 4 de noviembre, a una audiencia preliminar para determinar si será despojado de su inmunidad.
En ese contexto, Sires señaló que este esfuerzo es solo uno de muchos en la campaña en curso del gobierno para socavar los esfuerzos para combatir la corrupción en el país.
“El juez Gálvez ha sido elogiado por varias organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, por su trabajo como defensor de la justicia y la rendición de cuentas del gobierno”, resaltó.
Agregó que el togado ha conocido casos donde se ha responsabilizado a diferentes funcionarios por delitos, corrupción y abusos y sus resoluciones contra estas personas le han traído consecuencias.
“Lo han convertido en blanco de hostigamiento, vigilancia y persecución por parte del gobierno guatemalteco y organizaciones extremistas en el país”, expresó el congresista.
Agregó que, lamentablemente, el caso del juez Gálvez no es aislado, pues al menos 20 jueces, fiscales y defensores de los derechos humanos se han visto obligados a exiliarse bajo el mandato del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
“Quisiera expresar mi sincera preocupación por el juez Gálvez y su familia en este momento. Además, condeno enérgicamente los intentos del gobierno guatemalteco de silenciar al juez y obstruir la justicia para las víctimas de la violencia estatal, pasada y presente” puntualizó Sires.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 3, 2022
Piden cesar hostigamiento contra Gálvez
La Alianza por Las Reformas, que aglutina a diferentes organizaciones, emitió recientemente un comunicado por medio del cual exigió que cese la persecución y el hostigamiento contra el juez Gálvez, que ha señalado amenazas contra su independencia en el ejercicio del cargo.
A criterio de la alianza, existe uso malicioso del antejuicio y han surgido campañas de desprestigio contra el togado. Por ello, rechazó el actuar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al admitir una denuncia, que calificó como “espuria”, la cual fue promovida por la Fundación contra el Terrorismo.
“Sus miembros (de la fundación) han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por obstruir la justicia y socavar la democracia y se han dedicado de manera sistemática a atacar a los operadores de justicia, periodistas y personas que defienden derechos humanos en Guatemala”, destacó.
