La Alianza por Las Reformas, que aglutina a diferentes organizaciones, se pronunció este viernes, 28 de octubre, con respecto a la situación del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien enfrenta actualmente un proceso de antejuicio.
Por medio de un comunicado, exigió que cese la persecución y el hostigamiento contra el funcionario del Organismo Judicial, que ha señalado amenazas contra su independencia en el ejercicio del cargo.
A criterio de la alianza, existe uso malicioso del antejuicio y han surgido campañas de desprestigio contra el togado. Por ello, rechazó el actuar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al admitir una denuncia, que calificó como “espuria”, la cual fue promovida por la Fundación contra el Terrorismo.
“Sus miembros (de la fundación) han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por obstruir la justicia y socavar la democracia y se han dedicado de manera sistemática a atacar a los operadores de justicia, periodistas y personas que defienden derechos humanos en Guatemala”, destacó.
Además, en el documento se destaca que Gálvez es uno de los juristas más respetados del país, que ha conocido casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno.
Se indicó que, tras enviar a juicio en mayo pasado a nueve exmilitares y policías señalados de desaparición forzada y otros crímenes de lesa humanidad en el caso Diario Militar, se han intensificado los ataques y amenazas contra Gálvez.
#EUNacionales La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad reiteró su preocupación por el ejercicio independiente de la función judicial en Guatemala.https://t.co/Wce233dn9H
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 10, 2022
Piden cumplir medidas a favor de Gálvez
La Alianza por las Reformas recordó que Gálvez cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2016. Además, que en julio de 2022 la entidad le otorgó medidas provisionales para proteger su integridad física y su independencia judicial.
“Sin embargo, el Estado de Guatemala lo continúa criminalizando y sin investigar a las personas y grupos que están detrás del hostigamiento”, resaltaron las organizaciones.
A inicios de octubre, Gálvez entregó a la CSJ un memorial en el que hace ver una resolución por medio de la cual se ratificó un fallo que ordena tomar medidas para su resguardo.
El togado indicó que consideró prudente notificar oficialmente a la Presidencia del Organismo Judicial con respecto a la decisión del ente internacional, especialmente ante lo que describió como “acontecimientos de criminalización e instrumentalización del derecho penal con respecto al antejuicio”.
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