Dos entidades internacionales de magistrados presentaron este martes, 18 de octubre, un informe en el que concluyeron que no hay condiciones para que la justicia independiente pueda ejercer su función en Guatemala.
Se trata de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Unión Internacional de Magistrados (UIM), de las cuales sus representantes expusieron las conclusiones de una visita que realizaron en agosto pasado a la nación centroamericana.
La delegación estuvo integrada por la jueza Adriana Orocú de Costa Rica y los jueces Darío Lara de Colombia, Walter Barone de Brasil y Roland Kempfle de Alemania.
A criterio de ambas organizaciones, se usa el aparato judicial para provocar el exilio de personas que trabajan con honestidad y que ocurren detenciones arbitrarias de jueces y fiscales.
Detallaron que, particularmente, les preocupa la situación de los jueces Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios y Carlos Ruano, así como la de los miembros de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) que, según afirmaron, están siendo acosados por defender la independencia judicial.
Los togados también manifestaron que en Guatemala se perdieron las garantías mínimas para ejercer la función jurisdiccional de manera independiente y proteger a los funcionarios de justicia.
El informe detalla que, de más de 500 agresiones a defensores de derechos humanos, unas 200 han sido contra jueces.
#EUNacionales El juez expuso sus argumentos en la Corte de Constitucionalidad.https://t.co/iacF8ah8UO
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 20, 2022
Desestabilizadores del sistema de justicia
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación de Costa Rica de la Judicatura y representante de la FLAM, mencionó que existe una estructura dentro del organigrama del Poder Judicial para controlar a los jueces que tratan de ejercer su función de forma independiente.
También se refirió a la existencia de lo que describió como netcenters o elementos desestabilizadores, que contribuyen de forma negativa a que se dé ese impedimento para que los operadores de justicia puedan actuar.
Asimismo, compartió que se hicieron entrevistas en el Ministerio Público, por medio de las cuales se pudo constatar que no hay investigaciones de oficio ni causas abiertas contra hostigadores de los operadores de justicia.
“Hay sistemas de cooptación que quieren sacar de Guatemala a ciertas personas y lamentablemente lo han hecho. Todas las personas que se anunció por parte de las redes sociales que iban a ser sacadas del sistema de justicia, las han sacado. Han materializado los riesgos, no solo se trata de amenazas”, puntualizó.
* Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7
