La Corte de Constitucionalidad (CC) negó el amparo a la diputada Ligia Hernández, por lo que las diligencias de antejuicio en su contra continúan. La legisladora fue denunciada por funcionarios del Ministerio Público (MP) por citarlos al Congreso de la República.
El ente investigador presentó en junio pasado una solicitud de retiro de inmunidad contra la jefa de la bancada del Movimiento Semilla. Ante ello, la agrupación política señaló que existe una persecución política.
Por medio de un comunicado, Semilla aseguró que los señalamientos contra la parlamentaria carecen de todo fundamento y son una muestra más de las acciones promovidas contra quienes se oponen al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
“El MP arranca una nueva fase de persecución. Primero fueron líderes comunitarios y defensores de territorios. Luego los fiscales, los periodistas y jueces. Ahora los políticos de oposición”, destacó.
Agregó que se acusa a Hernández de abuso de autoridad por citar a funcionarios públicos, pero la denuncia presentada no tiene fundamento jurídico, pues nunca se interfirió en la persecución pública penal.
#EUNacionales El bloque legislativo aseguró días atrás que la acción contra la parlamentaria Ligia Hernández es resultado de una persecución política.https://t.co/NScVZPMlIg
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 15, 2022
Diputada buscaba fiscalizar
La denuncia contra la legisladora se dio porque el MP considera que abusó de su cargo al citar a la bancada a los secretarios de Política Criminal, contra la Corrupción y al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
El ente investigador afirmó que actúa siempre de conformidad con la ley en cumplimiento a su mandato legal y constitucional.
“Cumplir con su función jamás puede considerarse intimidación ni entorpecimiento de la fiscalización pues nadie es superior a la ley y todo guatemalteco está sujeto al imperio de la ley”, expuso la entidad en respuesta al pronunciamiento de Semilla.
Y manifestó que si alguien no está de acuerdo con alguna acción, se tiene el derecho de hacer uso de los mecanismos legales de impugnación establecidos en ley, en respeto al debido proceso.
