El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el que le responde a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual solicitó al Estado una visita de trabajo para constatar situación del periodista José Rubén Zamora.
La institución, liderada por la fiscal general, Consuelo Porras, exhortó a todos los sectores nacionales e internacionales a ser respetuosos del ordenamiento jurídico y de la legislación guatemalteca pues ninguna persona es superior a la ley.
Asimismo, indicó que de conformidad con su mandato, el MP tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presenta, sin excepción alguna, y sin que esto signifique coartar, limitar o impedir la libertad de expresión.
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Ministerio Público informa: pic.twitter.com/gqWfjh6sLS— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 3, 2022
El ente investigador aseguró que toda investigación se realiza de forma imparcial, objetiva y con apego al principio de legalidad, para que sea un juez quien resuelva la posible comisión de un delito. Asimismo, indicó que ante cualquier inconformidad, las partes involucradas pueden hacer uso de los medios de impugnación que estimen convenientes.
Detención de Zamora
La relatoría especial de la CIDH se pronunció sobre las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el país, externó su preocupación por los reportes recibidos y llamó al Estado de Guatemala a garantizar de forma plena y efectiva estos derechos fundamentales.
Detalló que la Relatoría Especial ha recibido varios reportes que reclaman atención de la Oficina con respecto a la libertad de expresión en Guatemala, principalmente relativos a agresiones, intimidaciones y acoso judicial con alegados fines de silenciamiento.
Con relación al encarcelamiento de Zamora, indicó que ha recibido información de que tanto el periodista y las exgerente financiera de El Periódico, Flora Silva, han sido objeto de persecución judicial por parte del Ministerio Público
Además, señaló que Zamora cuenta con medidas cautelares desde 2003 por una serie de ataques físicos y amenazas recibidas en el ejercicio de su profesión, y del contexto de violencia contra la prensa en Guatemala
