Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conocieron este viernes, en un pleno extraordinario, el antejuicio promovido por el Ministerio Público (MP) contra la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, y resolvieron no darle trámite. Seis magistrados estuvieron de acuerdo en avalar la acción para retirarle la inmunidad, pero siete votaron en contra.
La togada es señalada por su presunta implicación en el caso denominado “Acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad”. La acción en su contra fue presentada el pasado 12 de julio.
Según indicó la institución, el expediente en el que se vincula a la togada está a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos, la cual consideró que pudo haber incurrido en la comisión de delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
De acuerdo con las pesquisas preliminares, supuestamente la sindicada habría autorizado convenios de colaboración eficaz en el caso Odebrecht.
#URGENTE La Fiscalía de Asuntos Internos presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra la jueza de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y prevaricatohttps://t.co/3K0BNe06My
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 12, 2022
Caso contra Domínguez
Se informó que en septiembre de 2017 la jueza celebró audiencia de primera declaración en el contexto del caso Odebrecht, en el que se investiga el pago de sobornos a funcionarios guatemaltecos por parte de representantes de la constructora brasileña.
El MP señaló que en esa diligencia se autorizó la aprobación del convenio de colaboración eficaz y declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba como colador eficaz de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mamery y Eduardo Oliveira Gedeón, sin que estuvieran presentes ante Domínguez.
“Se advierte que dichas personas se encontraban en la República Federativa de Brasil, razón por la cual la jueza no tenía la capacidad de aplicar el poder coercitivo que el Estado otorga al Poder Judicial”, destacó el ente investigador.
Y mencionó que de esa manera la funcionaria judicial habría atentado contra la seguridad jurídica, el principio jurídico del debido proceso y la institucionalidad del Estado de Guatemala.
