Un grupo de diputados presentó la iniciativa de Ley de Fortalecimiento para la Paz, con la cual se pretende extinguir la persecución penal y las penas aplicadas en contra de militares y guerrilleros que batallaron durante el conflicto armado interno.
La propuesta, con número de registro 6099 en el organismo Legislativo, fue planteada por Javier Hernández, José Quezada, Boris España, Julio Longo, Juan Mérida, Manuel Conde, José Sánchez, Carlos Rojas y José Zamora.
En su artículo 1 detalla que se decreta la extinción de la responsabilidad penal y extinción de la pena por amnistía, absoluta e incluyente, a favor de todas las personas que hayan incurrido por acción u omisión en la supuesta comisión de delitos políticos y comunes conexos.
Esto en el marco del ejercicio de sus cargos como miembros del Ejército de Guatemala y demás fuerzas de seguridad del Estado y a los integrantes de grupos subversivos.
Los hechos que quedarían sin ser castigados corresponderían al período que duró la guerra interna, del 13 de noviembre de 1960 hasta su finalización con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996.
En cuanto a la tipificación de los delitos, se menciona que los políticos incluyen toda acción u omisión en que se hubiera incurrido en defensa o en contra de la institucionalidad, libertad y soberanía nacional.
En tanto, describe los delitos comunes como toda acción u omisión en que se hubiese incurrido como consecuencia de la comisión e delitos políticos, sin exclusión de tipo penal alguno.
#EUNacionales Un grupo de diputados presenta la iniciativa de ley para el fortalecimiento de la paz. Esta propone que se extingan la persecución penal y la pena, en contra de militares y guerrilleros que batallaron durante el conflicto armado interno. pic.twitter.com/wZW5IEWd1w
— …. (@Congreso_EU) July 11, 2022
Juzgamiento prohibido
La normativa refiere que está prohibido el juzgamiento por acciones ocurridas en el enfrentamiento armado interno por miembros del Ejército y de grupos insurgentes que no estaban tipificadas como delitos antes de su supuesta perpetración.
De igual forma, reconoce los derechos de la amnistía otorgada a favor de los mencionados, por medio de los decretos del Congreso emitidos entre los años 1982 y 1988.
