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juez Miguel Ángel Gálvez presenta amparo en la Corte de Constitucionalidad
Foto: Edwin Bercián/EU

CorteIDH resuelve que el Estado de Guatemala adopte medidas para proteger al juez Gálvez

El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, enfrenta un proceso de antejuicio y ha denunciado intimidaciones en su contra.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) resolvió que el Estado de Guatemala adopte de forma inmediata e individualizada una serie de medidas a favor del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo del Organismo Judicial de Guatemala.

De acuerdo con la referida instancia, se trata de acciones necesarias para proteger eficazmente los derechos a la vida e integridad personal del togado y de su núcleo familiar, así como garantizar la independencia judicial.

El escrito fue presentado por representantes de las víctimas del caso “Diario Militar” el 14 de junio de 2022, cuando solicitaron la adopción de medidas provisionales en favor de Gálvez a fin de evitar que se produzcan daños irreparables a sus derechos.

Específicamente se indicó que dicho juzgador “interviene durante la etapa preparatoria e intermedia del caso Diario Militar” y, recientemente, “ha enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías”, y decidirá sobre la situación jurídica de otros seis sindicados.

De igual forma, manifestaron que Gálvez “ha sido víctima de amenazas por su trabajo a través de los años” y que, ante ello, el Estado no ha adoptado otro tipo de medidas para garantizar que pueda realizar su labor en condiciones de independencia.

Piden respetar independencia judicial

Distintas organizaciones, entre ellas Wola e Impunity Watch, emitieron recientemente un pronunciamiento por medio del cual hicieron un llamado a la CSJ de Guatemala para que se respete la independencia judicial garantizada en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“También exhortamos a la comunidad internacional para que siga de cerca los procesos de criminalización emprendidos contra jueces y juezas que debilitan el sistema judicial en el país”, expusieron.

Y urgieron a que, en el marco de los espacios e iniciativas de cooperación que integran o lideran, se dé el rechazo a la criminalización contra operadores y operadoras de justicia.

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