El juez Miguel Ángel Gálvez, que envió a debate al general José Efraín Ríos Montt y procesó a general Otto Pérez Molina siendo presidente, así como a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por casos de corrupción, se siente solo. Asegura que es por la falta de respaldo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Recientemente, el juzgador envió a juicio a 10 militares y policías que fueron investigados en el caso “Diario militar”, un registro de muerte, tortura y desaparición forzada, así como ejecución de personas durante la década de 1980.
Ante esta resolución, la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, quien fue sancionado en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense, promovió una denuncia en contra de Gálvez. Los magistrados judiciales le dieron trámite rápidamente y el proceso está con un pesquisidor.
Si la denuncia es avalada, Gálvez sería separado de la judicatura y la Fiscalía haría los requerimientos, incluso hasta una orden de aprehensión.
Pese a eso, el juez ha sido respaldado por diversas entidades, como la Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad y, recientemente, por el cardenal Álvaro Ramazzini. A continuación, la charla con Gálvez, quien asegura que se defiende contra el Estado.
- Existe el apoyo de varios sectores hacia usted y su trabajo, incluyendo al cardenal Álvaro Ramazzini, ¿cómo siente?
En parte emocionado y satisfecho porque reconocen el trabajo.
- Pero, ¿y la Corte Suprema de Justicia?
Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de la Corte Suprema de Justicia. Cuando sentí que fui intimidado y se me estaba limitando ese ejercicio a la independencia judicial, en virtud de que no se estaba amenazando a Miguel Ángel Gálvez, sino que se amenazó al juez, el haberlo puesto de conocimiento para que se me garantizara precisamente por parte de la Corte ese ejercicio que ellos son los que en todo caso tienen que garantizar por ser los representantes máximos, en lugar de darme a mí y reconocerme esa limitación que estaba siendo objeto, no solo no se me contestó en los términos que se solicitó, sino que todavía a la persona que estoy poniendo de conocimiento (Ricardo Méndez) que me está limitando el ejercicio de independencia judicial, a esa persona le dieron trámite y decretaron prácticamente con lugar las diligencias de antejuicio en mi contra. Eso es lo que me llama la atención. Y, por otro lado, cuántos antejuicios tiene presentada la Corte que no les ha dado trámite y cómo es posible que le haya dado trámite al antejuicio en mi contra en 15 días.
Por un lado, la emoción y la satisfacción de que se reconozca el trabajo, pero, por otro lado, lamentablemente dentro de las mismas personas de la Corte que son los que garantiza la Constitución del ejercicio de garantizar el ejercicio objetivo de la independencia judicial, no se recibe ese apoyo.
- Entonces, ¿por la Corte Suprema se carece el apoyo que debe tener como juez?
Sí; la Corte me da una respuesta, pero lo que manda a hacer es que me revisen el esquema de seguridad. ¿Qué tiene que ver el esquema de seguridad con lo que estoy poniendo de conocimiento, la independencia judicial? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Da la impresión que hace esto para salir del paso.
- Esta Corte ya excedió el período de cinco años en el cargo…
Lamentablemente, lo que hay que analizar es todo un esquema que está entrelazado ahí. Hasta ese ingrediente es muy conocido. El hecho de que el Congreso se esté resistiendo a elegir Corte Suprema de Justicia y estos actuales magistrados prácticamente ya van para cuatro años de estar fuera de un soporte constitucional.
Entonces, eso agrava más la situación. Da la impresión que como que están pagando los favores de tenerlos ahí sin un plazo constitucional.
- El señalamiento en su contra se tramitó con prontitud. ¿Usted cree que es la “famosa lotería” de la que se ha hablado tanto que tiene su fotografía y usted es el siguiente?
Es evidente que esa famosa lotería es la que ellos están jugando. Si ustedes dan seguimiento, desde hace dos años, cuando comenzó, ya faltan Juan Francisco Sandoval (exfiscal), Gloria Porras (ex magistrada constitucional), Erika Aifán (exjueza) y Pablo Xitumul (juez separado). Entonces, poco a poco, han generado esa incidencia o esa criminalización en contra de los operadores de justicia y es en esa medida es que prácticamente van llenando el cartoncito. Este año ya le ponen la equis a Erika y estoy pendiente, aunque ya aparezco con la equis y solo quedaría Yassmín Barrios (jueza).
Ahí harían lotería, así es como han sacado a todos. Es evidente que la campaña no solo de desprestigio, o sea, una criminalización sistemática y prestigio a nivel moral viene de ellos. Se han encargado no solo de usar las redes, sino las mismas instituciones, para criminalizarme, el mismo caso del Ministerio Público.
- ¿Usted aseguraría que quieren retirarlo del sistema de justicia?
Claro, por supuesto.
- Con el antejuicio en su contra le ha tocado dividirse. Por un lado, su trabajo como juez y ahora, a preparar su defensa…
A veces me pongo a pensar que uno de los bienes que protege la Constitución es la vida, pero la verdad es que la seguridad tendría que ser uno de los bienes fundamentales para que uno se sienta tranquilo.
Ya se imagina cómo me puedo sentir, aparte del compromiso laboral, pero tengo que ejercer el derecho de mi defensa. Y lo voy a hacer hasta donde haya posibilidad, porque como juez tengo que hacer que prevalezca la ley. Ese es mi sentido y esa es mi intención.
- ¿Contra quién le toca pelear, judicialmente?
Estoy consciente que prácticamente llevaría pelear contra el Estado. Porque todas las instituciones, da la impresión que todas las instituciones se alinearon, o sea que se reconfiguraron para en determinado momento un objetivo: Y ese objetivo soy yo.
- Juez Gálvez es difícil saber de alguien que quisiera estar en sus zapatos en este momento. ¿Los señalamientos se intensificaron hace apenas un mes con la resolución del caso “Diario militar”?
A raíz de los procesos de corrupción de 2015 se dan amenazas, pero gracias a Dios se lograron superar. Ahora, el tema mayor es el caso “Diario militar”. La persona que me acusa llega al juzgado, es evidente que estaba dictando una resolución y a partir de ese momento en que dice que se va a hacer cargo del juez y posteriormente siguen las páginas en redes sociales con amenazas. También comienza una campaña fuerte de criminalización y daño moral a mi persona.
Eso me preocupa porque me estuvieron dando seguimiento con carros sin placas y personas de civil armadas y eso complica el contexto, a casi dos meses de la campaña en mi contra. Especialmente, que la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala se va a hacer cargo del juez. Además, cómo las instituciones se prestan, como la Corte Suprema de Justicia, en darle trámite a un antejuicio en donde había puesto de conocimiento con antelación de que se me estaba limitando, se me estaba restringiendo el ejercicio de la independencia judicial.
- El calificativo que usó fue “represión”…
Sigo con ese calificativo. En el memorial que envié a la Corte Suprema se hizo referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque son claros en manifestar la independencia judicial.
- En su trabajo siempre resuelve situaciones penales. En este escenario, ¿cómo va a resolver hacia su persona, considerando que hay una Corte Suprema de Justicia de la que no se siente acuerpado?
Enfrentaré el proceso hasta donde pueda. Estoy consciente de que peleo contra el Estado. Es prácticamente el Estado el que está en todo caso con esta criminalización sistemática. Aparte de eso, es quererme defender de un mismo Estado.
Aquí es donde hago una reflexión a todos los guatemaltecos, no solo yo he sufrido este acoso sistemático. Ya está afuera Juan Francisco Sandoval, Erika Aifán y otros operadores de justicia.
Ahora, imaginemos a cuántas personas les va a llegar su turno. A los periodistas independientes o alguien que se anime a decir algo en contra del gobierno se va a constituir como enemigo y al ser enemigo esa va a ser la tendencia.
- ¿Cree que esta situación llega a su final con su persona?
¡Qué bueno que pararan conmigo! Pero todavía hay mucha gente, abogados, defensores de derechos humanos y jueces que en determinado momento pueden ser susceptibles a la situación que me pasa. Es difícil.
- ¿Qué pasa si pierde al enfrentar al Estado, como nos dice?
En todo caso, le den trámite y declaren con lugar el antejuicio, por supuesto que voy a perder, pero van a perder todos los guatemaltecos, porque después así van a seguir con las demás personas. Hasta que no haya uno que se anime a hablar de todo lo que está pasando. Ese es el problema y no es solo mío, sino que de todas las personas que puedan venir atrás.
Lamentablemente, solo se hace referencia a jueces y fiscales, porque son los más visibles, pero cuántos abogados, cuántos periodistas, cuántos reporteros, cuántas personas relacionadas con los derechos humanos que están afuera. Es precisamente el contexto.
Todo aquel que saque una noticia, que diga algo o que se ponga a defender a algunas personas relacionadas con esta criminalización conlleva constituirse en enemigo interno. Ahora ya no se me señala solo a mí, sino a los abogados que trabajan conmigo.
- ¿Ve en un futuro el camino de ser un exiliado más como otros operadores de justicia?
Todavía me resisto a pensar en el exilio. Voy a ejercer mis derechos que constitucional y procesalmente me corresponden. Después, va a llegar un momento en que me voy a poner a analizar qué es lo más prudente hacer. Por el momento, sigo en la judicatura hasta que no me separen o ya tomen unas decisiones completamente diferentes.
- ¿Qué evoca entonces para usted la palabra “justicia” en este momento?
Este término ha sido muy discutido, darle a cada quien lo que corresponda. Entonces, para mí, lamentablemente, la justicia sigue siendo justicia. El problema son las personas que están representando las instituciones que tienen que velar por ese famoso término de lo que es justicia.
Siempre estoy consciente y seguro que, para consolidar un Estado de derecho, las personas que están en las instituciones tienen que estar apegadas a la ley para evitar esa manipulación de las leyes.
Al hacerlo, pasamos de un Estado democrático a un Estado que se va acercando al autoritarismo porque ya todas las personas que no están con el Estado se constituyen en enemigos internos.
En conclusión…
- No soy solo yo el que ha estado en estos problemas. Lo triste es que en determinado momento lo pueden seguir pasando otras personas. Lamentablemente, no se ha reparado en lo delicado de la situación. En ese sentido, tienen que estar conscientes y solicitarles el apoyo para que se manifiesten y en determinado momento tratemos de cambiar esta situación.
- Ricardo Méndez, quien dirige la Fundación contra el Terrorismo (FCT) e interpuso el antejuicio en contra de Gálvez, se pronunció por la defensa del juzgador al haber interpuesto un amparo.
- “Miguel Ángel Gálvez alega en su amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que el antejuicio de la Fundación contra el Terrorismo en su contra tiene inconsistencias, porque de los cinco casos utilizados como respaldo, tres no estuvieron a su cargo”, aseguró en las redes sociales.
- “A menos que la CC ampare provisionalmente al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, el proceso debe seguir su curso. A Gálvez, la FCT lo va a llevar a prisión. Eso es seguro”, especificó en otra publicación.
