El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad, admitió para su trámite la solicitud de retiro de antejuicio presentada contra el diputado al Congreso de la República, Jorge Adolfo de Jesús García Silva.
Esto se da en respuesta a la solicitud realizada por la Fiscalía contra la Corrupción, que vincula al parlamentario con un posible caso de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El Ministerio Público (MP) busca que se le retire la inmunidad con el fin de poder investigarlo y establecer si tuvo participación en posibles actos anómalos en la entidad.
Por los hechos ilícitos, el ente investigador considera que García Silva pudo haber incurrido en la comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
Señalamientos contra diputado
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, la petición de retiro de inmunidad contra García Silva se da por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
Ello tomando en cuenta que posiblemente habría intervenido de forma artificiosa, en su calidad de diputado, en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas.
“Las mismas fueron contratadas y pagadas a entidades vinculadas a su persona, por aproximadamente Q30 personas”, destacó Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP.
#EUNacionales Un Juzgado otorgó medidas sustitutivas a nueve sindicados en el caso Clima, Corrupción y Poder.https://t.co/jBeWeszCUk
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 9, 2022
Por estas irregularidades también están señalados y recientemente fueron ligados a proceso penal por estas acciones, Mirtha Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo del legislador respectivamente.
El caso fue denominado por las autoridades como “Clima, Corrupción y Poder”, y vincula a personas particulares y exfuncionarios del Insivumeh, algunos continúan prófugos.
Hasta la fecha se contabilizan 27 personas procesadas por distintos delitos, entre estos, estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.
El MP avanza en las pesquisas y recaba indicios para ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional que conoce el caso y determinar la responsabilidad de los sindicados.
