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Lilian Virginia Laparra Rivas, jefa de la FECI en Quetzaltenango, es capturada
Foto: Captura de pantalla

Organizaciones piden libertad para la exjefa de la FECI de Quetzaltenango

La fiscal Virginia Laparra se encuentra en prisión desde el pasado 23 de febrero.

Distintas organizaciones, incluidas las que integran la Alianza por las Reformas, emitieron un comunicado por medio del cual pidieron que la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, sea liberada.

La fiscal se encuentra en prisión desde el pasado 23 de febrero cuando fue capturada en un operativo a cargo de personal de la fiscalía de Asuntos Internos y agentes de la Policía Nacional Civil.

Actualmente se encuentra ligada a proceso penal por los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. El caso en su contra es conocido por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

Para este martes, 7 de junio, está programado el inicio de la audiencia de etapa intermedia en la que se prevé que su defensa solicite nuevamente que se le otorguen medidas sustitutivas, incluido el arresto domiciliario.

Señalan falta de elementos contra Laparra

Las organizaciones señalaron en el comunicado que Laparra se encuentra en prisión preventiva y enfrenta un proceso penal por haber interpuesto dos denuncias administrativas contra el juez Lesther Castellanos, quien actualmente se desempeña como relator contra la tortura.

“Contrario a lo que su mandato establece, se ha empeñado en oponerse a que Laparra salga de prisión en la que solo le permiten ver la luz del sol pocas horas al día”, resaltaron.

Añadieron que en el caso de la fiscal es notorio el uso indebido del derecho penal para criminalizar su labor y consideraron que esta práctica ha sido cada vez más sistemática y reiterada durante la gestión de Consuelo Porras a cargo del Ministerio Público.

Aseguraron que no existen elementos para prorrogar la detención de Laparra, pues resaltaron que la prisión preventiva es la excepción y no la regla y solo puede dictarse, según el Código Procesal Penal, en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso.

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