Integrantes de organizaciones de sociedad civil, acompañados por el diputado Aldo Dávila, brindaron una conferencia de prensa este viernes para denunciar la criminalización y persecución contra defensores de los derechos humanos y operadores de justicia.
Según afirmaron, estas acciones provienen de las autoridades del Ministerio Público (MP), específicamente la fiscal general Consuelo Porras, y el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El primero en tomar la palabra fue el parlamentario, quien mencionó que era evidente que Porras sería reelecta porque, según sus palabras, no perseguirá al mandatario, a quien calificó como corrupto. “(Ya se conocía que) sería el alfil puesto para que siga persiguiendo a los operadores de justicia”, añadió.
Por aparte, dijo que es muy lamentable la criminalización y persecución ante la digna resistencia de los estudiantes, sindicatos, catedráticos y exsancarlistas. “Es evidente la persecución que viven”, afirmó, pero a su criterio es más lamentable el hecho que surjan desde el MP, dirigido por una persona integrante de la lista Engel, donde se le nombra como antidemocrática.
#AHORA Diputado @aldodavila_gt denuncia "criminalización y persecución" y nombra a la Fiscal General, Consuelo Porras, y al presidente Alejandro Giammattei | Vía @noel_solis pic.twitter.com/EyB79JhLGn
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 3, 2022
Mientras tanto, un representante del Comité Campesino del Altiplano mencionó que decidieron alzar la voz para dar a conocer que el movimiento social ha sido víctima también de lo que calificó como planes para la regresión y criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Indicó que existen 1 mil 024 órdenes de captura contra defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan por la demanda de los derechos constitucionales a la vida, a la alimentación, al territorio, al agua, al desarrollo, al bienestar y a la paz, entre otros.
“El papel del Ejecutivo es cumplir esos derechos y no criminalizar”, resaltó.
#AHORA Conferencia de prensa de integrantes de sectores sociales. Denuncian la criminalización y persecución de autoridades del MP y el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei a diferentes sectores y personas de sociedad civil | Vía @noel_solis pic.twitter.com/0NuIQSJvov
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Otro ciudadano de los presentes indicó que existen serios retrocesos en la democracia y justicia en el país lo cual, afirmó, se evidencia con los más de 25 operadores de justicia, fiscales y jueces que viven en el exilio y los que son perseguidos en Guatemala.
Además, habló de la criminalización contra la fiscal de la FECI, Virginia Laparra, “que lleva más de tres meses en prisión por hacer lo correcto”.
También mencionó que existen denuncias espurias contra el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, a quien describió como un honorable juzgador que está siendo criminalizado.
“Nunca habíamos vivido un retroceso tan serio en la democracia y la justicia como durante este gobierno y eso es lo que venimos a denunciar”, puntualizó.
Dávila denuncia persecución
El diputado Dávila señaló que meses atrás hubo un atentado contra su vida y que a los dos días que no lograron eliminarlo físicamente se presentó el primer intento de retiro de antejuicio en su contra.
“Esto es una persecución, cada vez que pongo una denuncia a nivel internacional, a las 48 horas hay un nuevo caso en mi contra y lo tengo bien documentado”, resaltó.
Agregó que, tras solicitar la interpelación del ministro de Cultura, Felipe Aguilar, el funcionario le puso dos denuncias en el MP, pero “afortunadamente ambas han sido eliminadas”.
Añadió que cuando requirió la interpelación a la ministra de Educación, Claudia Ruiz, también se colocaron en su contra dos denuncias. Entre otras que existen en su contra, aseguró el parlamentario.
“La persecución ha sido sistemática. Me quitan la seguridad a los meses de ser víctima de un atentado, sin antes hacer análisis de riesgo. Afortunadamente está bastante documentada la persecución de la que soy víctima”, puntualizó.
