La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió denegar en definitiva el amparo solicitado por el Ministerio Público (MP) con el que buscaba reactivar el proceso para retirar la inmunidad al diputado Boris España, vinculado con un caso de corrupción.
Con la resolución del alto tribunal constitucional se confirma que el legislador no podrá ser investigado.
El legislador del bloque Todos se encuentra señalado en el expediente judicial conocido como Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo.
La fiscalía presentó en 2020 una solicitud para que se le retire la inmunidad, con el fin de profundizar las investigaciones y establecer su implicación en actos ilícitos.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió por mayoría no retirarle la inmunidad.
Los delitos que se le atribuyen son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero.
La referida investigación se relaciona con el supuesto pago de sobornos de parte de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a exintegrantes del Congreso para facilitar la aprobación de leyes.
#EUNacionales La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó que se retire el derecho de antejuicio al diputado Boris España, vinculado a un caso de corrupción.https://t.co/UPY6Vfcjt9
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 11, 2020
EE. UU. le prohíbe ingreso a España
En junio de 2021, Estados Unidos sancionó al diputado Boris España. El Departamento de Estado anunció que la designación pública del guatemalteco se dio debido a su implicación en actos de corrupción.
Además, se indicó que tanto el parlamentario como su esposa e hijos no son elegibles a partir de ahora para ingresar al territorio estadounidense.
De acuerdo con el boletín de la referida oficina, la designación se realiza en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021.
El documento añade que el legislador guatemalteco ha estado involucrado en hechos relacionados con posible corrupción, incluidos el soborno y la injerencia en los procesos públicos.
Según se señaló, su actuar en el ámbito público pondría en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas de Guatemala y la confianza del público guatemalteco en sus representantes.
