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PDH pide a la Contraloría verificar convenio de línea ferroviaria

El procurador Jordán Rodas señaló que el objetivo es evitar que un contrato que no fue otorgado de conformidad con la ley surta efectos jurídicos.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló la necesidad de verificar las negociaciones que se están llevando a cabo con relación al contrato de arrendamiento de la línea ferroviaria.

En ese sentido, solicitó la intervención urgente del Contralor General de Cuentas, Edwin Salazar, para que se puedan implementar los análisis que correspondan.

El magistrado de conciencia señaló que Fegua, como ente estatal, otorgó un usufructo a favor de la entidad Compañía Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Anónima, en la cual el Estado de Guatemala posee el 83% de las acciones.

“Es decir que el capital de dicha entidad está mayoritariamente conformado por capital estatal y, por ende, está sujeto a la normativa aplicable a instituciones estatales”, destacó.

Mencionó que, a pesar de ello, en su asamblea general la referida compañía autorizó una minuta de arrendamiento de los bienes inmuebles que únicamente posee en usufructo.

También afirmó que se autorizó a un administrador único y representante legal, que el pasado 14 de enero suscribió un contrato de arrendamiento con Remed S. A., una entidad de capital mexicano.

En vista de lo expuesto, Rodas le envió una misiva al Contralor en la que le pidió que proceda a la fiscalización y haga un pronunciamiento al respecto.

“(El objetivo) es evitar que un contrato que no fue otorgado de conformidad con la ley surta efectos jurídicos, en perjuicio de los intereses del Estado”, manifestó.

Diputado pide auditar contrato

La petición del PDH es la segunda planteada con relación a que se audite el contrato del negocio del ferrocarril, pues ayer el diputado Luis Fernando Pineda pidió la intervención de la Contraloría.

“Ante la secretividad y discrecionalidad en el negocio del ferrocarril del Bicentenario área sur, solicité que se practique de inmediato una Auditoría de Cumplimiento, para evitar un grave perjuicio al patrimonio de los guatemaltecos y deducir responsabilidades”, expuso.

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