La modificación al Código Procesal Penal sobre financiamiento electoral no registrado en 2017 ha permitido que varios acusados por ese delito libren enfrentar la justicia, como es el caso de Alba Elvira Lorenzana Cardona de González.
La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un nuevo fallo. Donde que la esposa del mexicano Ángel González, dueño de los canales nacionales, no enfrente juicio por financiamiento electoral no registrado.
Aunque la esposa del mexicano se encuentra prófuga, presentó una apelación por la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo B.
“Se revoca el auto apelado y se declara con lugar el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto”, expresa la resolución de los magistrados del tribunal constitucional.
Lorenzana huye de la justicia desde 2016, y aunque se activó la alerta internacional para su captura, el Ministerio Público (MP) no gestiona su búsqueda.
Varios empresarios y políticos señalados por ese delito por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han recurrido a la CC para evitar el procesamiento. Como el caso de los familiares del excandidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza y Sandra Torres para no ser acusados por financiamiento anómalo.
La investigación por financiamiento no registrado
De acuerdo con la investigación, las empresas de medios de comunicación relacionadas a González aportaron Q17.5 millones. Fondos se destinaron para la campaña de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti durante 2011.
La hipótesis del MP y la CICIG es que el financiamiento se hizo por un canal de televisión. Sin que se registrara en el Tribunal Supremo Electoral. No obstante, entre las pruebas que se presentaron fueron cheques.
La integración de la CC está conformada por magistrados amigos de políticos y empresarios. Como es el caso de Roberto Molina Barreto, que buscó la vicepresidencia con Zury Ríos Sosa.
