Los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras “gastaron 2.200 millones de dólares al año” en ir de manera regular e irregular a Estados Unidos en los últimos cinco años, la mayor parte en pagar a los traficantes, afirma este martes un informe.
“En vista del costo elevado de la contratación de un traficante o coyote, se calcula que, de ese total, las personas migrantes gastaron alrededor de 1.700 millones de dólares al año en desplazamientos irregulares con un traficante”, señala un informe sobre la migración en Centroamérica presentado por el Instituto de Política Migratoria (MPI), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
La pobreza, la inseguridad alimentaria, los choques climáticos y la violencia empujaron a un promedio anual de 378 mil centroamericanos a migrar a Estados Unidos durante los últimos cinco años, destaca.
Migrantes hacia EE.UU.
El 55% de los migrantes, añade el informe, contrataron a un traficante, conocidos como “coyotes”, por un costo promedio de 7.500 dólares por persona (a través de canales regulares para migrar hubieran pagado 4.500 dólares). El 89% de ellos quiere ir a Estados Unidos.
El informe se ha elaborado con datos recopilados en encuestas a miles de hogares, tanto presenciales como en línea, en los tres países centroamericanos.
En solo dos años el porcentaje de personas que consideraron migrar se ha disparado, pasando de 8% en 2019 a 43% en 2021, pero solo un 3% de ellos hizo planes concretos, por miedo a “la separación familiar y los altos costos”.
Las razones para migrar
Entre las principales causas de la migración el informe cita la inseguridad alimentaria, la violencia, la crisis climática y actualmente la pandemia de covid-19.
Muchos sienten “que no tienen más remedio que irse para el norte”, afirmó este martes el director ejecutivo del PMA, David Beasley.
El informe enumera varias recomendaciones para solucionar la crisis migratoria, como fomentar programas nacionales de protección social que alivien la pobreza y erradiquen el hambre e iniciativas de desarrollo, como por ejemplo ayudando a agricultores pequeños o formando a jóvenes y mujeres.
Aboga asimismo por crear incentivos para que la diáspora invierta en obras públicas y pide que los países de destino como Estados Unidos apliquen políticas que amplíen las vías legales de migración para los centroamericanos.
Washington parte de que “los flujos migratorios no son solo del sur hacia el norte, sino también hay internamente, entre países, de tal forma que permitir el acceso laboral dentro de las Américas es una solución”, por ejemplo dando más visados “para generar algún orden”, declaró este martes Ricardo Zúñiga, secretario adjunto para asuntos de las Américas en el Departamento de Estado estadounidense.
Los tres países centroamericanos, altamente dependientes de las remesas que envían sus nacionales en el exterior, defienden al unísono el derecho a la migración.
Durante la presentación del informe, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, defendió el derecho a la migración “sin que sea forzada” y su homólogo hondureño Lisandro Rosales añadió que la tragedia sobreviene cuando se lleva a cabo “por razones adversas”.
El fenómeno debe abordarse “a través de la perspectiva del derecho humano a migrar”, convino su homólogo guatemalteco, Pedro Brolo.
“Llevamos años implementado políticas migratorias de contención de la migración, que han probado ser insuficientes”, afirmó Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que respalda el informe junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Llegó la hora para una estrategia que vaya más allá de la ejecución de acciones unilaterales”, abunda Andrew Selee, presidente del MPI.
