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María Consuelo Porras, fiscal general
Foto: Edwin Bercián/EU

Surgen reacciones tras sanción de EE. UU. contra Porras y Pineda

El Departamento de Estado informó que se incluyó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y su secretario general, Ángel Pineda, en el listado de corruptos.

Distintas reacciones han surgido desde que se conoció la sanción emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra la fiscal general, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda.

Este lunes se confirmó que ambos fueron incluidos en un listado de corruptos centroamericanos, lo que implica que sean no elegibles para contar con visas e ingresar al territorio estadounidense.

Meses atrás, la nación norteamericana había anunciado la suspensión del apoyo hacia el ente investigador guatemalteco después de que Porras destituyó al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

Hasta ahora el MP no ha emitido un pronunciamiento con respecto a la designación de Porras de parte de EE. UU., país que la señala de obstruir investigaciones de actos de corrupción.

Pronunciamientos sobre situación de Porras y Pineda

Con relación al tema, el extitular de la FECI aseguró que obstruir las investigaciones de casos de corrupción, amenazar a la prensa independiente y sociedad civil, así como la criminalización de los operadores de justicia que luchan contra la corrupción e impunidad, empieza a tener consecuencias.

En tanto, la exfiscal general, Thelma Aldana, señaló que Estados Unidos ya hizo su trabajo y que ahora le toca al pueblo de Guatemala pedir la renuncia de Consuelo Porras y su secretario Pineda.

“Esto mientras se libera el sistema de justicia de Guatemala para que sean juzgados y condenados por corruptos”, añadió.

Mientras tanto, la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, manifestó que la lista que el Departamento de Estado público hoy confirma acciones antidemocráticas significativas en la región por parte de funcionarios.

Además, señaló a estas personas de interferir con investigaciones independientes y trabajar contra aquellos que defienden el estado de derecho.

En ese sentido, resaltó que es un paso importante para hacer rendir cuentas a los funcionarios de alto nivel “y sus cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos”.

Para Orlando Blanco, diputado del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), este tipo de sanciones plantean cuál es la preocupación que tiene el gobierno de EE. UU. sobre el quehacer de funcionarios en distintos países en materia de corrupción, violaciones a derechos humanos y crimen organizado.

“Hay que profundizar cuáles son los alcances de la sanción y por qué se determina que la fiscal debe ser incluida en este listado”, destacó.

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