La excandidata presidencial, Sandra Torres, presentó una solicitud para que se revoque la prohibición judicial que tiene para participar en actividades políticas.
Por medio de su defensa presentó un escrito al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, en donde planteó la petición.
En este también se expone la necesidad de que se le pueda otorgar un permiso para viajar a distintos departamentos, para cumplir una agenda de actividades del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El órgano jurisdiccional programó para septiembre de 2021 una audiencia en la que se conocerá y resolverá su planteamiento.
FECI se opone
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que investiga el caso en donde Torres está señalada, se opuso a la petición que planteó la excandidata presidencial.
En abril pasado, esa unidad del Ministerio Público (MP) notificó a la jueza Domínguez acerca del incumplimiento de la procesada de medidas restrictivas que tiene vigentes.
Se indicó que no respetó la prohibición y continuaba asistiendo a actividades de la UNE, por lo que se buscaba que se le revocara el arresto domiciliario.
Sin embargo, la togada mantuvo la medida sustitutiva, aunque le denegó ser parte de ese tipo de eventos y comunicarse con otros imputados y testigos del caso.
“Algo que debe comprender, señora procesada, es que usted está sujeta a proceso y debe cumplir las medidas. Le guste o no, está obligada”, expresó en esa ocasión la jueza.
#EUNacionales La excandidata presidencial está procesada en un caso de financiamiento electoral no registrado https://t.co/qTqwaQI2hg
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 4, 2021
Señalamientos contra Sandra Torres
El caso relacionado con irregularidades en el financiamiento electoral del partido UNE surgió en 2019 y está a cargo de la FECI.
Según las investigaciones, se estableció que parte de los fondos que la agrupación verde utilizó en la campaña de 2015 no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los recursos ascienden a un total de Q27 millones, de los cuales al menos Q9 millones podrían tener origen ilícito.
La fiscalía pudo establecer que Torres tuvo conocimiento de actos anómalos y además que a nivel personal se le otorgó un cheque por Q250 mil.
