Diferentes opiniones han surgido acerca de la implementación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga.
En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se realizó una análisis luego de que se dio a conocer que las autoridades darán prorroga a la entrada en vigencia del mismo.
Edgar Guerra, defensor del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de enero a mayo hubo más de 80 hechos viales en los que se vio involucrado el transporte colectivo, principalmente el extraurbano.
Este tipo de percances generan gastos al Estado de Guatemala para reparar el daño y poner a las personas en su funcionalidad, consideró el entrevistado.
Indicó que los esfuerzos de contar con una normativa como esta se enfocan en la reparación digna de víctimas de hechos viales.
Sin embargo, detalló que de parte de esa institución se ha recomendado al Estado de Guatemala que se debe enfocar no solo en la parte reactiva, que en su opinión también es positiva.
Ello tomando en cuenta que es importante que se busque no solo un resarcimiento, sino tomar medidas preventivas como la educación vial, “de lo que ya hay algunos esfuerzos”, dijo.
Édgar Guerra, Defensor del Usuario de la @PDHgt: "Es importante señalar que se han hecho las recomendaciones al Estado de Guatemala en que deben enfocarse no solo en la parte reactiva, sino en tomar medidas directas preventivas (educación vial)" pic.twitter.com/0wexXWYabc
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El fin es disminuir los hechos de tránsito por lo que, en su opinión, contar con ese aspecto, así como construir mejores carreteras y capacitar a los pilotos podría contribuir.
En cuanto a la prórroga, Guerra dijo que obedece a que se otorgó un compás de espera para poder realizar más aplicable el decreto y que no haya problemas para quienes deben tener este seguro de responsabilidad contra terceros.
Acuerdo que obliga a tener seguro debe ser derogado
El acuerdo gubernativo 17-2020 es el que establece el reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga.
Y en opinión de Hugo Xicará, representante de la Asociación de Empresas de Transporte Especializado de Guatemala (Asetegua), el mismo debe quedar sin efecto.
“Es importante notar que ampliar la entrada en vigencia se debe aprovechar para seguir insistiendo en la derogación del acuerdo”, enfatizó durante el programa A Primera Hora.
Detalló que no están en contra de tener un seguro, pero que buscan hacer saber que la seguridad vial no se agota solo con implementarlo.
Según estadísticas del Departamento de Tránsito, se ha visto que no es el transporte de pasajeros el que más accidentes causa, destacó.
Hugo Xicará, representante de ASETEGUA: "No hay necesidad de hacer esa modificación cuando la ley, desde hace más de 25 años, dice que todos debemos tener seguro (…) el transporte urbano es el que menos incidencia tiene dentro de las estadísticas" pic.twitter.com/RyKs8P5Sgh
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En ese sentido, mencionó que si bien es necesario contar con medios para la reparación del daño a personas víctimas de accidente, no se puede buscar dar un resarcimiento si antes no se trabaja en un verdadero plan de seguridad.
Asimismo, Xicará dijo que debido a la pandemia del Covid-19 la economía en este momento no es la indicada para poder cargar al usuario.
“Es así, sería al usuario, porque como prestadores de servicio no podríamos seguir cargando con costos por repuestos, combustibles y ahora un seguro”, expuso.
A esto se suman las pérdidas que se generan por la competencia desleal, pues según mencionó, muchas municipalidades no tienen control del transporte extraurbano y surge el transporte no regulado.
En ese contexto, su visión actual es la de buscar que sea derogado el acuerdo y que se aborde el problema de raíz, lo que incluiría implementar medidas de prevención y regular el transporte en general.
“Debería derogarse y trabajar conjuntamente el Estado con todos los transportistas en un plan real de seguridad vial”, puntualizó.
Hugo Xicará, representante de ASETEGUA: "No podemos buscar dar resarcimiento a quienes han sufrido un accidente si antes no trabajamos en un verdadero plan de seguridad vial (…) en este momento, la economía no es la adecuada para seguir cargando al usuario" pic.twitter.com/3vRjoHSiNu
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Sin razones para dejarlo sin efecto
Alejandro Williams, consultor independiente en seguridad vial, también participó en A Primera Hora y expuso que el tema debe abordarse desde el lado de la ley.
Destacó que la Constitución establece que la función principal del Estado es velar por la salud, la familia, el derecho a la vida y el bien común.
Sin embargo, lo que ocurre es que el artículo 29 de la Ley de Tránsito existe hace años y no ha sido cumplido, dijo.
En este se ordena que todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública deberá contratar, como mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes.
En el seguro solo hay tres aspectos que analizar, que son las multas, formas de pago y costo, explicó.
#EUNacionales Los conductores de vehículos de alquiler realizaron una manifestación en la Ciudad de Guatemala.https://t.co/osoQU3cwkQ
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Agregó que no es un tema del impacto financiero y que no se trata de los transportistas, sino de las víctimas.
De acuerdo con el entrevistado, la segunda causa de muertes en Guatemala son los accidentes de tránsito, por lo que debe actuarse sin más demora, pues mencionó que cada día son alrededor de 350 víctimas las que no van a recibir asistencia.
En cuanto al argumento planteado por Xicará sobre el impacto económico de la pandemia, mencionó que el seguro obligatorio que existe en todos los países del mundo no fue suspendido en el marco de la emergencia sanitaria.
Este seguro cumple una función social, humana y empresarial y debe mantenerse, concluyó.
