El Ministerio Público (MP) imputó este jueves 3 de junio a los sospechosos en el caso que se denomina “Política y falsedad”.
La audiencia de primera declaración se desarrolló en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Electorales, los señalados son:
- Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superinendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del MP.
- Aníbal Antonio Argüello Mayén, exanalista criminal de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
- Carlos Ramiro Cárdenas, abogado y notario.
- José Miguel Quintana.
- Ingrid Leja García.
- Matilde Balán.
- Roberto Cáceres, quien ha permanecido varios días internado en el Hospital General San Juan de Dios.
#AHORA Fiscal del @MPguatemala, Rafael Curruchiche, previo a imputar delitos a los sindicados en el caso "Política y Falsedad" | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/Ysr9IBWBHF
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 3, 2021
De acuerdo con los documentos oficiales del MP, las pesquisas alcanzan a por lo menos 12 personas.
Los sindicados permanecieron varios días en la cárcel sin haber conocido los hechos por los cuales se les señala en el referido proceso penal.
También puedes leer: Organizaciones lanzan el CCINOC, un centro contra la corrupción e impunidad
Señalamientos del MP
Según las investigaciones del órgano encargado de la persecución penal:
- Solórzano Foppa y los otros señalados participaron en la formación de una agrupación política.
- Para eso, fueron citadas a una reunión más de 550 personas. El MP calificó ese hecho como ilícito, por haberse desarrollado en tiempo de pandemia.
- Además, se determinó que una persona habría fallecido.
La fiscalía dio a conocer esos hechos por medio de un comunicado de prensa desde que se conoció de las capturas de los señalados.
Durante la diligencia, Rafael Curruchiche, jefe de la fiscalía, explicó que 100 personas buscaban ser querellantes en el caso porque aseguran que fueron robados sus datos de identificación para acreditar el número de asistentes a la reunión.
Además, que la actividad no se efectuó, por lo cual se consideró que se trató de un hecho “fantasma”.
Entre los delitos que se imputan está:
- Asociación ilícita.
- Conspiración.
- Falsedad ideológica.
Ante eso, la defensa de los sindicados sostiene que la actividad ocurrió varios días antes de que se registrara el primer caso de COVID-19 en el país.
También puedes leer: Joven recolector le da “una segunda oportunidad” a vestido de novia desechado
