El Ministerio Público (MP) reveló este lunes un nuevo caso denominado Lucrando por Impunidad y coordinó la captura de una persona involucrada que supuestamente actuaba detrás de un netcenter.
La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirigió el operativo llevado a cabo en conjunto con la Policía Nacional Civil.
El detenido es Jossé Augusto Gálvez Orellana y/o Josse Orellana Gálvez, sindicado de los delitos de chantaje y usurpación de calidad.
De acuerdo con el ente investigador, las pesquisas en su contra se iniciaron en seguimiento a actos irregulares identificados en el marco del proceso legal por el caso Construcción y Corrupción.
“Los involucrados utilizan como principales instrumentos para cometer este fin, por un lado, el mecanismo de sobornos económicos a testigos y, por otro, el de difamación y acoso en redes sociales contra operadores de justicia”, destacó la FECI en un comunicado sobre la red con que se vincula a Gálvez.
Agregó que el objetivo de quienes están detrás de estos hechos es garantizarse impunidad y socavar todo tipo de esfuerzo de combate a la impunidad en Guatemala.
Solicitud de dinero a cambio del silencio
El caso Lucrando por Impunidad surgió en 2018, después de que Richard Alan Mackenzie Shaw Arrivillaga presentó una denuncia ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esta persona estaba implicada en la investigación denominada Construcción y Corrupción e informó a la entidad internacional que desde septiembre de ese año había empezado a recibir ciertos mensajes por medio de WhatsApp.
En estos se le indicaba que el emisor era una persona que prestaba asesoría jurídica a Aneliese Mercedes Herrera Monterroso.
En ese momento, la persona mencionada estaba en proceso de constituirse como colaboradora eficaz en el caso Construcción y Corrupción.
En los mensajes, a Shaw se le requería Q300 mil a cambio de que Herrera no declarara sobre actos que lo involucraban, específicamente relacionados con plazas “fantasma” en el Ministerio de Comunicaciones durante la gestión del exministro Alejandro Sinibaldi.
Las pesquisas de la FECI permitieron establecer que las exigencias económicas ilícitas las realizaba Gálvez Orellana.
También se pudo confirmar que Shaw no era el único al que se le había pedido dinero para evitar que la colaboradora lo afectara con su testimonio.
Los siguientes sindicados fueron contactados por la misma vía e incluso algunos de ellos hicieron pagos iniciales:
- Exdiputada Emilenne Aquino Mazariegos, le exigieron Q100 mil e hizo un depósito de Q5 mil.
- Exdiputado Luis José Fernández Chenal, no se conoció el monto requerido.
Envían a juicio a la exdiputada Emilenne Mazariegos por #EUCasoChicamán.
Más detalles ► https://t.co/EPQFlFp1n0 pic.twitter.com/sNtnCZJi6e
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 6, 2018
FECI identifica “netcenter”
La FECI además logró confirmar que Gálvez Orellana utilizaba una cuenta en la red social Twitter, por medio de la cual se hacían publicaciones que incitan al odio y discriminación.
Las víctimas eran actores involucrados en investigaciones y otras acciones para combatir la impunidad en el país, aseguró la oficina del MP.
Sandoval: “Arreciaron los ataques de los netcenter contra el equipo de la FECI”.https://t.co/M4liUluH3Q
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 25, 2020
