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Gloria Porras

Magistrada Porras señala un “atentado a la democracia del país”

La juramentación de Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 quedó en suspenso debido a un amparo.

La magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, se refirió este miércoles a la suspensión de su juramentación para integrar el alto tribunal en el período 2021-2026.

En una entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, detalló que desde hace aproximadamente diez días tuvo conocimiento de que esto podría ocurrir.

“Sabía que estaban haciendo algunos procedimientos y movimientos para promover algún amparo”, dijo.

Indicó que por esa misma razón quedó establecido en el artículo 2 esa reserva que, según ella, nunca se había hecho en un acuerdo para juramentar magistrados.

Este decía que ante cualquier incidencia se podría suspender el acto de juramentación, explicó.

Entonces, dijo que desde que ese documento fue publicado, ella supo que en su caso no podría llevarse a cabo el referido proceso.

Aseguró que su presencia ayer en el Congreso, pese a esta situación, se dio porque no quería defraudar al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), que la eligió como magistrada.

Cabe mencionar que antes de que se iniciara con la juramentación de la nueva Corte, Porras se retiró del hemiciclo y dijo a periodistas que existía una “confabulación” para no dejarla asumir.

Mientras tanto, la junta directiva del Legislativo informó que la suspensión del proceso de Porras se dio debido a un amparo contra el CSU que fue otorgado por una Sala, y del que se les notificó ayer mismo.

Mecanismos ilógicos en su contra y pérdida de inmunidad

Porras se refirió durante la entrevista al recurso legal por el cual no procedió su juramentación es algo “absolutamente risible”.

Mencionó que el amparo que otorga la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo es por un planteamiento de dos candidatos que dicen no haber sido notificados.

“Ningún proceso de selección notifica a los aspirantes que no han sido seleccionados, ni en la Corte Suprema de Justicia ni en el Congreso se hizo ese procedimiento”, expuso.

En ese sentido, consideró como absurdo que se otorgara. También calificó esta situación como ilegal.

De acuerdo con sus palabras, estos pormenores, así como el discurso que se escuchó ayer en el Congreso, demuestran que el propósito final es impedir que ella asuma formalmente el cargo de magistrada para el que fue seleccionada.

Mencionó que ya en anteriores ocasiones se han promovido además, con ese mismo fin, una serie de antejuicios en su contra.

Incluso en la actualidad está en funcionamiento una comisión pesquisidora en el Legislativo para darle seguimiento a las diligencias por una petición de retiro de inmunidad promovida por la Asociación de Dignatarios de la Nación.

Suman 60 los antejuicios planteados en su contra durante los últimos cinco años, pero 40 se eliminaron in límine. Por ello, la magistrada ve latente el riesgo de una persecución penal arbitraria.

Especialmente tomando en cuenta que, según afirmó, en este momento no goza de inmunidad.

“Yo concluí mi mandato ayer a las 12 de la noche”, enfatizó.

Atentado contra la democracia

En medio de los hechos que se han dado con anterioridad y los más recientes, Porras dijo que ha mantenido la esperanza de que se respete el Estado de derecho.

Asimismo, expuso que se apersonará como tercera interesada en los amparos, que calificó como una cuestión de carácter dilatorio.

Pero esperará a que se vayan desarrollando las acciones paso a paso y en su momento como ciudadana, como abogada, exfiscal y magistrada, actuará como corresponda.

“Utilizar estos mecanismos que se usan en mi caso, que más que absurdos son ilógicos, muestra que no vamos hacia la ruta que nos hemos fijado como república”, expuso.

Y manifestó que debe confiar en que exista el criterio adecuado y la objetividad en el Ministerio Público para atender este tipo de denuncias.

Finalmente, Porras consideró que en este escenario que se vive en el país se demuestra una vulneración al Estado de derecho y un atentado a la democracia del país.

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