El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación, a petición de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), emitió una orden de captura en contra del abogado Mynor Mauricio Moto Morataya.
Actualmente, el abogado se encuentra prófugo de la justicia por una anterior orden de aprehensión en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020.
Por este caso también se encontraba prófugo de la justicia el abogado Dennis Billy Herrera Arita, no obstante, este lunes se conoció que se entregará a la justicia.
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Por presuntamente recibir sobornos
La orden de aprehensión en contra de Moto Morataya es solicitada por el ente investigador por su presunta participación en los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.
Según la Fiscalía contra la Corrupción, el 26 de agosto de 2020, cuando Moto Morataya aún se encontraba en desarrollo de la audiencia de primera declaración indagatoria dentro del caso denominado “Libramiento de Chimaltenango”, habría recibido un soborno de dinero en efectivo, presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación.
Esto con el fin de favorecerles en la resolución que tendría que emitir el entonces juzgador para los días siguientes.
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Con fecha 16 de octubre de 2020, el otrora juez Mynor Mauricio Moto Morataya benefició con auto de falta de mérito a 16 personas sindicadas pro la fiscalía dentro del caso “Construcción Carretera libramiento de Chimaltenango”, indica la fiscalía.
En esa oportunidad concedió medidas sustitutivas en favor del ingeniero Jorge Alfred Tejada Argueta, vicepresidente de Constructura Nacional, S. A. (Conasa), así como de Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, S.A.
Retardo
Por otro lado, el MP también indica que el abogado habría incurrido en un retardo en la realización de actos propios de función jurisdiccional, siendo que el 30 de octubre de 2020, se le requirieron autorizaciones judiciales para solicitar información bancarias, así como a otras entidades públicas y privadas, en relación a las pesonas vinculadas a la investigación antes descrita, y pese a haber autorizado parcialmente los requerimientos de la Fiscalía.
“Retrasó la entrega de los oficios judiciales por 40 días dentro del plazo legal de la investigación que él mismo había fijado, lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas desarrolladas por la fiscalía”, se añade.
* Con información de MP.
